El TSJCV acepta el recurso de la concertada que considera discriminatorio el Bono Infantil de Marzà

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) contra el bono infantil de 0 a 3 años de la Conselleria de Educación, que afecta a 5.000 trabajadores de escuelas infantiles, según ha informado FSIE.

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, ha explicado en un comunicado que las bases que regulan el bono infantil «intentan hacer bipartidismo educativo creando diferencias donde antes no las había, eliminando la pluralidad, la diversidad y la libertad«.

Según FSIE, la orden del conseller Vicent Marzà «utiliza criterios diferenciadores y sin justificación objetiva entre los centros de titularidad pública y los centros de titularidad privada intentando crear una brecha social entre los alumnos y las familias de la escuela pública y la escuela privada«.

«Ante la Educación sostenida con fondos públicos, todos somos iguales», ha defendido FSIE, que ha acusado a la Conselleria de «intentar polarizar la educación».

Para el sindicato, «la norma está siendo utilizada como herramienta de selección para vaciar las escuelas infantiles y desactivar la demanda social de los centros concertados que tan de moda está en los últimos días, algo que atenta contra la libertad y la pluralidad que ha caracterizado a la educación valenciana. Marzà está teledirigiendo la libertad de los padres con un uso partidista de los recursos públicos«.

El TSJ, según FSIE, siempre ha solicitado el expediente y ha citado a las partes implicadas para resolver el recurso, que tiene como objetivo «salvaguardar 5.000 puestos de trabajo y la libertad de las familias».

FSIE ha asegurado que ha defendido «el trabajo de miles de profesionales que, a través de la red privada de escuelas infantiles de iniciativa social, prestan un servicio de calidad a la sociedad, que desde la actual administración autonómica no se reconoce«.

Para FSIE, «no se puede diseñar un modelo de sociedad de forma unidireccional y a costa de la libertad de un sector muy importante de la población porque la administración debe valorar las aportaciones educativas de un sector que atiende, con unas exigencias normativas elevadas, a gran parte de la población en esa franja de edad»