La UCO sitúa la Comunitat en el pódium de la corrupción

La OLAF puede hacer entradas y registros a las dependencias investigadas y puede también tomar declaración a investigados y testigos. La adopción de medidas de precaución es fundamental. Cano ha revelado las discrepancias con la nueva Fiscalía Europea en especial sobre la adopción de estas medidas de prevención. «Hay un problema de ética institucional y democrática en el nivel político». La afirmación se desprende de las investigaciones abiertas a funcionarios de la UE (35.000 empleados y sólo siete procesos) frente a los 33 expedientes de 705 diputados del Parlamento.

El principal recurso de la UE son las tasas aduaneras, ha concretado como uno de los focos principales de análisis. En los últimos cinco años se han efectuado recomendaciones por valor de 2.000 millones y se han recuperado ya 950, según los datos de Cano.

Antonio Balas es teniente coronel de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que ha participado en buena parte de las investigaciones de corrupción en la Comunitat. Su trabajo ha sido habitual en casos como Erial, Imelsa o la macrocausa de Azud. «La corrupción perpetúa el crimen organizado», ha comenzado. Existen numerosas manifestaciones y se dan en todos los niveles, según este especialista, responsable de las investigaciones económicas. Una de las dificultades, por ejemplo, es la recuperación de fondos, en especial, en el extranjero y paraísos fiscales.

El dirigente ha hablado de cinco ejes frente a la corrupción. Ha citado el de la «formación, acumular recursos, cooperación multidisciplinar, desarrollo normativo y el conocimiento de la amenaza. Lo último se antoja »esencial« para el resto de requisitos. La Fiscalía Anticorrupción ha sido vital desde su creación (1995). "Podemos sacar pecho", presumió.

«Me sorprende que no exista una estrategia única contra la corrupción», ha indicado respecto a la entrada en vigor de la ley de protección del denunciante. La Guardia Civil expondrá próximamente en Europol el conocimiento de la amenaza a través de la monitorización de Policía Nacional y de la UCO. «Nos centramos en diez delitos».

Y de esta forma les permite conocer áreas de influencia más proclives a la corrupción y eso lleva a establecer procedimientos adecuados y planes de mejoras. Los resultados de este proceso de seguimiento sitúa Andalucía, Valencia y Madrid como núcleos del problema. El delito que más se investiga asociado a las tramas de corrupción es la prevaricación y, a continuación, la corrupción en los negocios, malversación y cohecho.

Otra mesa, en este caso judicial, reunió a Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción; Teresa Gisbert, fiscal superior del TSJ, y el magistrado Ximo Bosch. Los tres participaron en un debate centrado en la protección del denunciante y los beneficios que se puedan dar a los arrepentidos o colaboradores de la Justicia. El dirigente ha querido diferenciar entre los denunciantes y los arrepentidos, quienes sí han participado en las tramas. En este sentido, recordó las atenuantes previstas en el Código Penal y que esta fórmula, la de exculpación total, sólo está prevista para las personas jurídicas.

El fiscal lamentó los tiempos de la Justicia. «Raro es el juicio que se señala con menos de cinco años desde que se califican los hechos». Aprovechó para elogiar el fallo de la sección Segunda de la Audiencia de Valencia en el que se condenaba a Alfonso Rus a cinco años de cárcel. «Me ha parecido muy buena sentencia». No comentó nada acerca del otro fallo, el de la sección Cuarta, que es absolutorio y donde se recogen críticas a la investigación.

El debate ha abordado la Ley 2/2023 sobre la ley de protección al denunciante. Teresa Gisbert ha sido especialmente crítica en este sentido. «Casi un año después no tengamos todavía la protección del denunciante, los canales privados para denunciar en las empresas...». Esta ley homogeneizaría la igualdad de los ciudadanos ante la ley porque ahora depende de la existencia de órganos autonómicos, como en este caso la Agencia Antifraude. «Hacemos campañas para todo, seguridad vial o violencia de género, pues esta ley es prácticamente desconocida para todo el mundo».

La propuesta de Gisbert sería la de realizar «campañas institucionales y también autonómicas donde se informe de esto. Esto fomentarán las denuncias. «Muchas no se producen por la falta de información sobre la protección que tendrán». Esta norma es únicamente para el ámbito administrativo.

El magistrado Ximo Bosch ha resaltado las dificultades del sistema para establecer «contrapesos» para el buen funcionamiento del sistema. De igual modo, ha señalado que percibe una cierta atmósfera de impunidad respecto a la corrupción, fundamentada, en parte, por los retrasos en la instrucción.