La UCO sorprende a un testigo del caso Azud destruyendo información de la trama

Se trata del arquitecto, Ramón J. O., que se encargó de la tasación de uno de los solares ahora bajo sospecha. El profesional, en su primera declaración como testigo ante los agentes, admitió que el encargo se lo dio el propio interesado, una fórmula que tampoco era extraordinaria en la forma de proceder de Tinsa. Así, en ocasiones, era el tasador el que tenía el cliente y lo llevaba al organismo supervisor. Pero en su caso, además, reveló un detalle de enorme importancia: que le habían ofrecido dinero en efectivo. Él dijo que no lo aceptó. La propuesta se realizó en un despacho del centro de Valencia.

Este encargo se lo hizo Miguel Montoro, una de las familias salpicadas en el caso Azud y que tenía una cuenta con 600.000 euros donde también figuraba el exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación. Al parecer, según la UCO, el arquitecto, durante el registro de su vivienda quien trató de deshacerse de documentación que implicaría a la hija del empresario, Mónica Montoro, una de las investigadas en el sumario de Azud.

A los agentes ya les sorprendió la negativa inicial del testigo a facilitar documentación relacionada con el caso. Intención que se confirmó hace unos días cuando pretendió entregarla fragmentada. El juzgado autorizó la entrada y registro del despacho profesional del arquitecto y que estuviera asistido de un letrado pese a que su condición en las diligencias sigue siendo la de testigo.

El instructor, que acuerda también el decomiso del móvil por si ha mantenido contactos recientes con alguno de los investigados, considera que la medida es proporcionada dada la gravedad de los delitos que se investigan en la causa, todos ellos relacionados con la corrupción, y que generan un enorme quebranto en la confianza de la ciudadanía.

La UCO sospecha de que las parcelas que el Ayuntamiento entregó a una serie de empresarios, capitaneados por el supuesto cabecilla Jaime Febrer para saldar una deuda que estos habían satisfecho a diferentes congregaciones religiosas, se hizo por un precio inferior al del mercado. Para ello contaron con la colaboración de los tasadores, según el relato de la acusación. De ahí que los agentes interrogaran durante la pasada semana a una serie de responsables vinculados directa o indirectamente con Tinsa. Los tasadores, por ejemplo, no pertenecen orgánicamente a la citada sociedad. Cobran alrededor de un 30% del coste final de la evaluación económica.

El arquitecto ahora cuestionado por la UCO facturó años más tarde de las citadas tasaciones -tres solares en la ciudad de Valencia- 10.000 euros a Mediterránea de Actuaciones Integradas (Mai), la empresa implicada en las parcelas de los colegios. «Hice tres informes de valoración, tengo las facturas y la documentación, pero no los quiero aportar». Una afirmación que no encaja en el espíritu de colaboración de un testigo.