Más problemas para José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, pieza esencial del caso Azud, la trama de cobro de comisiones por parte de dirigentes del PP y del PSPV asentada fundamentalmente en el Ayuntamiento de Valencia.
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La UCO sospecha que el letrado pudo intervenir en el amaño de contratos del Ayuntamiento, en concreto, para beneficiar al grupo Ocide, un holding dedicado fundamentalmente a la construcción. Así, los agentes han detallado que entre junio de 2009 y 2013, cuatro sociedades vinculadas a este entramado -pero nunca las que tenían relación directa con el Consistorio- realizaron abonos a Corbín Abogados por importe de 200.000 euros. Las sociedades bajo sospecha son Ingsoma dos, Velabur, Cinal Inversiones y Servicios Integrales del Territorio.
La UCO presume de que todos estos pagos están relacionados con comisiones de naturaleza ilícita. Es más, en un nuevo dosier, entregado al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, subraya que en el periodo analizado la citada mercantil incrementó notablemente las adjudicaciones del Ayuntamiento que dirigía Barberá. Llama la atención que los pagos a Corbín se canalizan dentro de un apunte que es exactamente el 3% de un epígrafe denominado «contratos», según la exhaustiva investigación de los agentes.
El análisis de determinados archivos informáticos ha permitido reconstruir las reuniones al más alto nivel entre Corbín y un alto directivo de Ocide donde se recogen algunas anotaciones aunque la mayoría destacan por la ausencia de un motivo. No obstante, la mayor parte de las que lo tienen presentan aparente relación con el ámbito público: «temas a tratar. Aparcamientos que nos interesen. Tema de la Avda. Constitución», «temas de Confederación y Ciclo», «exponer lo que ha pasado con los jardines y las adjudicaciones a SAV», «tema residuos y Boluda», entre otras.
No deja de resultar sorprendente para los investigadores el hecho de que un letrado, sin relación directa con el Ayuntamiento por sus ocupaciones, aborde temas de esta naturaleza con un empresario, uno de los grandes adjudicatarios del consistorio.
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Pero, sin duda, el indicio incriminatorio más poderoso contra el cuñado de la exalcaldesa es que los especialistas no han encontrado muestras de supuestos trabajos de asesoría para las citadas empresas, es decir, que sospechan que el encargo, en realidad, era ficticio. Una forma de camuflar esos ingresos.
Los agentes sospechan de que Corbín también pudo mediar en nueve contratos del conocido como Plan E -una iniciativa de Zapatero para paliar en su momento los efectos de la destrucción de empleo con la crisis de 2008- por importe de cerca de nueve millones de euros. Tras estas adjudicaciones comenzaron los pagos al letrado. Es más, los investigadores han pedido a la jueza que ordene al Ayuntamiento de Valencia que le entregue todos los expedientes sobre este asunto. La instructora lo ha autorizado. De hecho, hoy mismo ha dictado una providencia en este sentido.
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