La UDEF analiza ya la información de los móviles de los arrestados

La investigación judicial sigue bajo secreto. Esta condición excepcional hace que no se conozcan los detalles de las averiguaciones policiales. Pero las pesquisas, al margen de otras vías, incluirán el análisis de los teléfonos móviles de todos los que fueron detenidos. La UDEF les requisó sus teléfonos personales y no se les devolvieron tras quedar en libertad. Esa será una de las vías de trabajo, la del análisis de los mensajes personales y también las conversaciones de programas de intercambio de mensajes, como WhatsApp o Telegram.

Del mismo modo, se analizará la documentación que pueda existir en los dispositivos. Se desconoce si durante la investigación judicial se autorizaron intervenciones telefónicas. No es la primera vez que conversaciones de WhatsApp aportan datos valiosos a la Policía. Así ocurrió con el caso Taula, donde se investiga al PP. Todos los investigados fueron advertidos por el juez de que debían dejar un número de teléfono para estar localizados las 24 horas. En caso de no responder la llamada, la Policía acudiría a su domicilio para ser detenidos.

La causa se concentra en los contratos de altos directivos al margen de la normativa. Las incorporaciones se produjeron pese a la existencia de una docena de informes en contra de esas nuevas altas. Se investigan delitos de prevaricación y malversación. Además, se da la circunstancia de que todos los contratados tenían afinidad ideológica con PSPV y Compromís, dos de los partidos que gobiernan la Diputación de Valencia.

Los agentes, durante los registros de los domicilios y despachos profesionales, se incautaron de los ordenadores personales de los investigados. También este material se va a analizar minuciosamente a lo largo de las próximas semanas por los especialistas de la Policía Nacional. Del Ayuntamiento de Ontinyent, por ejemplo, se llevaron documentación relacionada con el área de Medio Ambiente, según fuentes del caso.

Todos los investigados se acogieron a su derecho a no declarar en su pase a disposición judicial. Al estar la causa secreta, los abogados recomiendan no hacerlo para evitar cometer errores. Pero esta decisión por parte de un presidente de la Diputación -no dar explicaciones- puede despertar dudas de su actuación.