Día clave en la sesión del juicio Gürtel. Tres policías de la UDEF, en especial Manuel Morocho, el gran investigador de esta trama de Gürtel, han comparecido este jueves para explicar las indagaciones que efectuaron tras la denuncia de José Luis Peñas, el denunciante de la red de corrupción que ha marcado la historia reciente de España. «Seguimos la metodología habitual en estas investigaciones», han precisado.
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Los agentes han recordado la entrada y registro de Orange Market, en Valencia. Pablo Crespo, cabecilla de la trama, se había enterado de la operación policial por uno de los trabajadores. «Di la orden de que accedieran a esa oficina de inmediato para que no se llevaran material». El especialista recuerda que los pillaron sacando discos duros de la sede de la calle Colón.
Los investigadores han subrayado cómo afloraron las conversaciones entre los miembros de la trama y no sólo Camps, sino Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra... También de empresarios que se encargaban de los pagos electorales. En la denuncia inicial ya se revelaba que les iban a adjudicar Fitur, ha recordado. «La estructura Correa es la introducción dentro de los organización de directivos de una formación política para hacer la campaña electoral y eso va en paralelo a la captación de negocio en la administración», ha definicio. Esto se implantó en Madrid y Valencia. «Es lo mismo con diferentes actores».
La caja B experimenta un punto alcista en el periodo de 2006-2008 con la facturación ficticia y la basculación de la estructura a Valencia. «Álvaro es una persona muy locuaz», indica respecto a las intervenciones. «Con Camps y con su familia son variadas, cerca de las Navidades y el contenido pone de manifiesto una familiaridad entre ambos y una planificación de lo que van a hacer...»
El primer informe de la UDEF ya recogía el nombre de Francisco Camps. La investigación apuntaba a la presencia de aforados, lo que iba a condicionar el desarrollo de la causa. «Gürtel se trasladó a Valencia por la buena relación del Bigotes con Camps. Pensaban que les iba a abrir la puerta para actos de campaña y también de la Administración».
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La Fiscalía ha preguntado sobre el congreso regional del PPCV en septiembre de 2002. El evento lo organiza Special Events. «Sale presidente Zaplana y de secretario general Francisco Camps», ha manifestado. Este certamen «se iba a financiar mediante facturación y otra con fondos fuera del circuito económico, fondos desconocidos que entran en su caja B». El Bigotes es uno de los beneficiados de ese dinero.
Otro informe policial desgrana la operativa de la red delictiva. «Utilizan a otras empresas para presentarse ante la Administración, Grupo Rafael o Gráficas Izquierdo, adjudicatarias de contratos movidos por el grupo Correa». Además, existe un fraccionamiento para evitar pagos que rebasen ese límite. Y también se produce un «troceamiento» de factura de empresas del grupo o ajenas y luego existe un tránsito de fondos, compensación interna, para distribuir el dinero. De igual modo, también se cambian conceptos de las facturas. «Esto es perfectamente asimilable a esta pieza».
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Bigotes buscaba «estabilidad», según el policía. En las conversaciones intervenidas, «reclamaba el pago de la deuda, pero también garantías no sólo de la adjudicación sino del cobro para no ir peregrinando con el momento de liberar los fondos». Era 2008. «Era el cierre económico del año. Crespo presionaba para tener un calendario de cobros». Esto cristaliza enero de 2009 con los cobros que van recibiendo o la facturación a un grupo parlamentario de forma indirecta. «Álvaro Pérez estaba ansioso».
Se esta trabajando «con las dos manos», ha señalado el policía. «Quiero que me pagues, pero también adjudicaciones y que se me va a pagar». En ese tiempo, la victoria electoral quería que fuera compensada por adjudicaciones.
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Los regalos son otra de las claves de la trama. Las compras de productos de lujo con otros listados donde se recogen los destinatarios de los obsequios. «Sabemos que han sido beneficiarios y son archivos reales», ha indicado respecto a la autenticidad. El inspector destacó «singularidades» con algunos altos cargos. Por ejemplo, citó Camps y su familia, Vicente Rambla y David Serra, que «sintoniza» de forma especial con la trama.
El agente explicó la presentación de la candidatura de Camps en 2002. Los costes de los proveedores se facturaron por otros eventos, según ha aclarado. En 2003, del coste de un candidato en Alicante, 38.500 euros se generan dos facturas. Una la paga el PP de Alicante (18.000) y el resto lo asume una sociedad anónima con un concepto ficticio de desarrollo de un logo.
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