La última decisión de Oltra como consellera: 240 millones a empresas del modelo Cotino

La última decisión de Mónica Oltra como consellera de Igualdad, justo la víspera de presentar este martes su dimisión del Gobierno valenciano y su renuncia al escaño de Les Corts por su imputación en la causa de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, fue la de dar luz verde a la adjudicación de la concesión de 7.100 plazas en centros residenciales para personas mayores de la Comunitat Valenciana.

En concreto, la jefa de servicio de contratación de la conselleria de Igualdad firma el escrito por el que se determinan las empresas adjudicatarias de los 21 lotes en los que se han dividido esas 7.100 plazas de residencia. El mismo documento concreta que cada una de esas firmas debe acreditar la constitución de la garantía definitiva correspodiente, y que equivale a un 5% de la cantidad por la que se adjudica el servicio.

Y de ahí sale la cifra. Centros Residenciales Savia, La Saleta Care y Geroresidenciales Solimar suman hasta 27 adjudicaciones distintas -en cada lote se producen una o varias adjudicaciones- por un valor que, sumado, supera los 240 millones de euros. El expediente de la conselleria advierte de que si alguna de las firmas no constituye esa garantía, se entenderá que retira su oferta. Aunque esa circunstancia es poco probable que ocurra, máxima entre firmas de esa solvencia.

Savia, La Saleta y Solimar son algunas de las empresas más reconocidas en lo referido a la prestación de este tipo de servicios en los que la administración pública realiza una concesión a una firma privada. Un procedimiento que se bautizó con el término 'modelo Cotino' por ser el exconseller y expresidente de Les Corts, ya fallecido, el que lo inspiró y lo puso en marcha.

La propia Mónica Oltra se refirió en no pocas ocasiones a lo que denominaba "modelo Cotino/Blasco". Y siempre lo hizo en términos muy críticos, al considerar que la colaboración público-privada era la última opción para la Generalitat. Oltra, con sus ataques, señalaba a empresas privadas "cercanas al Partido Popular" de hacer negocio "a costa del interés general y de la salud de nuestros ancianos". "El modelo Cotino-Blasco de residencias no era legal tal y como se estaba aplicando", señaló en reiteradas ocasiones en referencia a los exconsejeros de Bienestar Social.

De hecho, la propia Oltra aprovechó la presentación de este macroconcurso de 7.100 plazas de residencia para proclamar que significaba el "adiós al modelo Blasco-Cotino". "Adiós al modelo que beneficiaba a unos pocos, a los amiguitos del PP. Ahora tenemos un modelo en el que la persona está en el centro, y la dignidad y la calidad de la atención es lo más importante".

Sin embargo, la realidad es que la conselleria de Igualdad viene a afianzar el denostrado modelo Cotino, ya que sólo las grandes empresas han podido hacer frente a las condiciones que establece la normativa. Además, el nuevo decreto de residencias que impulsaba el departamento de Oltra estbalece que las residencias deben tener un mínimo de 40 plazas y un máximo de 100. Una premisa que, dada el mapa de las residencias de la Comunitat, con más de un centenar con más de esas 100 plazas, podría cargarse de un plumazo más de 4.000 plazas.

En el expediente al que ha tenido acceso este diario, Centros Residenciales Savia logra adjudicación de plazas en 11 de los 21 lotes, La Saleta en nueve y Solimar en cinco. Savia fue impulsada en su día por Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, y por el constructor alicantino Enrique Ortiz.

La conselleria remarca que las adjudicatarias -a la espera de la acreditación de la conctitución de la garantía- lo son "por haber resultado el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa no incursa en valores anormales o desproporcionados".

Por ello, de acuerdo con la clasificación realizada, se le comunica que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia, así como de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que hubiese recibido el presente requerimiento.

En concreto, documentación que acredite la personalidad jurídica de la empresa, el objeto social y su representación; certificado positivo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social; el de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y de la Comunitat Valenciana; el alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económica, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Y la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional requeridos.

• Temas
• Juan Cotino
• Mónica Oltra