La Generalitat anuncia que acusará en el caso Francis Puig tras el ofrecimiento del juez

El juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha realizado un ofrecimiento de acciones a la Generalitat Valenciana y también a la catalana porque la trama recibió subvenciones del Govern. De hecho, algunos indicios apuntan a que el entramado de empresas logró subvenciones para financiar el mismo servicio o proyecto. Es decir, que obtuvo más dinero que el coste.

El ofrecimiento de acciones parte de la Fiscalía Anticorrupción, que está a punto de presentar su escrito de acusación. Parece complicado de entender cómo una Administración supuestamente perjudicada por la trama no se persona para defender los intereses de la Administración. Pero es algo que, de momento, no ha ocurrido.

Desde Presidencia, no obstante, han asegurado este viernes que no se ha producido ninguna demora y que estaban esperando este trámite para anunciar oficialmente que se personarán en el procedimiento

El PP, por su parte, sí está personado como acusación popular. De hecho, la denuncia parte de la etapa de los populares en la oposición. Fue el caso que utilizaron para lastrar la imagen de ejemplaridad que pretendía ofrecer el Botánico.

No es la única novedad en esta fase final del procedimiento, una vez dictado el equivalente al auto de procesamiento. Al parecer, hay problemas con alguna documentación que debería figurar en el sumario y no aparece correctamente incorporada.

En concreto, se trata de las cuentas justificativas de la Generalitat valenciana y la catalana, las facturas aportadas por los dos investigados y por las empresas bajo sospecha. Estas incidencias han motivado que se suspendan los plazos para la presentación del escrito de calificación de Anticorrupción.

El PP, por su parte, ya presentó el suyo hace unas semanas. El abogado del PP, Víctor Soriano, plantea dos posibilidades. En un primer lugar, el fraude de subvenciones, ilícito por el que reclamará cinco años de cárcel. Argumenta que no es necesario que se superen los 120.000 euros fraudulentos por año sino que con las ilegalidades se logró sobrepasar esa cifra pese a que admite que la cantidad obtenida de forma ilegal era inferior. En caso de que el tribunal rechace esta posibilidad, solicita una condena por estafa agravada. En este supuesto pide seis años de cárcel.

La lista de delitos se completa con la falsedad en documento mercantil (tres años) y la colaboración o complicidad en los delitos imputados a su socio, tanto la falsedad como el fraude o la estafa. En resumen, una petición de pena de diez años y nueve meses de prisión.

El caso ha afectado a la figura de Ximo Puig porque estalló en plena presidencia del Botánico y aún fuera de la Generalitat todavía no se ha resuelto de forma favorable. El procesamiento de un familiar no afecta directamente al expresidente ni se le exige un reproche penal pero no parece una buena tarjeta de presentación que un hermano esté acusado de engañar a la institución para obtener subvenciones al fomento del valenciano. El golpe de efecto obligó al ahora embajador en París ante la OCDE a mantener un perfil bajo durante todo el cónclave del PSPV en Valencia porque fue durante ese fin de semana cuando se conoció el procesamiento.