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Consuelo Císcar ha presentado un incidente de nulidad con la intención de tumbar el cierre de la investigación sobre su gestión el frente del IVAM para promocionar la carrera artística de su hijo, conocido como Rablaci. La exdirigente del museo y esposa de Rafael Blasco ataca ahora a la jueza a la que considera parcial y cuya instrucción, según su letrado, se antoja ya como una condena anticipada.
El extenso escrito se interpreta como un intento a la desesperada de la defensa de Císcar por ganar algo de tiempo tras ratificar la Audiencia el procesamiento de su representada. En este sentido, lamenta la futura e hipotética acusación por un delito de cohecho cuando no existe ni un indicio en la causa de la comisión de este delito. Tras criticar el trabajo de la instructora, un jueza de refuerzo que se dedicó a instruir la macrocausa del IVAM, repara en que el auto de procesamiento lo dictó cuando supuestamente había finalizado su periodo en el órgano, siempre según los cálculos de Císcar.
El letrado reclama que un nuevo juez asuma la causa y dicte de nuevo, si procede, el auto de procesamiento. Todo esto llevaría a un considerable retraso de cara a la celebración del juicio oral.
El escrito de la defensa de Císcar aprovecha para criticar -no es la primera vez- la investigación emprendida por el juzgado. Considera que tras años de pesquisas, las conclusiones de la jueza son solo elucubraciones, sospechas y conjeturas. "Actos de fe", resume.
De nuevo, en un argumento socorrido por numerosos letrados, sostiene que los informes de la Udef son parciales. Incluso acusa a la policía de practicar diligencias a espaldas del juzgado y de esconder datos que favorecen a su representada. Insiste en buena parte de su escrito en que toda la investigación arranca a raíz de una denuncia anónima. La realidad es que numerosas investigaciones de corrupción incorporan este tipo de comunicaciones.
Císcar niega "una estructura jerarquizada" orientada a favorecer la carrera de su hijo y aclara que algunas de las prácticas que se describen en la investigación se corresponden más con órdenes dentro de una relación de confianza que en la existencia de una trama delictiva. Subraya que los informes, como el de la Intervención, contienen algunas irregularidades administrativas, pero insuficientes para sustentar esta causa penal. De igual modo, lamenta que se vaya a acusar a Císcar cuando el resto de responsables, quienes ejecutaron las órdenes de la directora, no tengan reproche penal.
Esta es la segunda pieza que afecta a la exdirectora del IVAM. La primera, que se juzgará en el mes de noviembre, hace referencia a la compra de obras póstumas de Gerardo Rueda como si fueran auténticas. Estas adquisiciones supusieron un desembolso de más de tres millones de euros de las arcas públicas que no repercutieron en un aumento del prestigio del IVAM. El juzgado ha bloqueado bienes de la exdirectora por valor de 1,7 millones de euros para afrontar una hipotética condena.
Las irregularidades en el museo a favor del hijo, como el transporte gratis de obras por el mundo y la organización de exposiciones, no se juzgarían hasta el próximo año. Las acusaciones ya preparan sus escritos de calificación. Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat y la organización Acción Cívica tienen la intención de sentar a Císcar en el banquillo. Su hijo, en cambio, quedó fuera de la causa. La madre asumió toda la responsabilidad.
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