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Los departamentos de Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València; de Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló; y de Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant, han elaborado un documento conjunto con motivo de la tramitación en ... Les Corts de la proposición de ley de Concordia en el que muestran sui preocupación por el contenido del texto y por las «graves carencias científicas» que contiene por el «desconocimiento» de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda.
El texto muestra el rechazo tanto al texto de la proposición de PP y Vox como a la derogación de la Ley valenciana de Memoria Democrática. Lamenta que la concepción de la Historia como disciplina de conocimiento en este texto «resulta claramente propia de un nacionalismo rancio y sin ningún tipo de sentido crítico». La labor de la Historia no tiene que ser «honrar y proteger a la historia de España» , sino la de construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido y cimentado científicamente sobre el pasado.
La declaración señala que los autores de la proposición pretenden aprovechar la suposición de que «nunca ha habido un relato consensuado» sobre la etapa entre 1931 y 1977. «Se trata de una afirmación, de un lado, muy vaga y perfectamente aplicable a cualquier periodo histórico, que muestra por desgracia un claro desconocimiento de cómo funcionan las disciplinas científicas en general», se señala.
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El texto reprocha la «tendenciosa» valoración de los proponentes, que «demoniza la democracia española de los años treinta como una época «convulsa», llena de «paroxismo», «dinámicas de enfrentamiento» y de «violencia social y política», hasta llegar al extremo de definirla como «catástrofe» equiparable a una sangrante guerra civil y una dictadura de 40 años. »La República fue la primera forma democrática de gobierno en España del siglo XX«, se subraya.
No integrar en la proposición de ley el conocimiento histórico y riguroso sobre el pasado que la historiografía ha ido construyendo desde hace décadas, «lo sitúa muy lejos de la objetividad y la imparcialidad que se afirma buscar». Y en cambio, se añade, no se dice nada ni se valora la dictadura franquista, hasta el punto de que nunca se le denomina así: la expresión «dictadura franquista» no se encuentra en ninguna de las siete páginas de la ley.
La declaración lamenta que el texto jerarquice entre terroristas. Pese a la centralidad que la proposición da al terrorismo, «no habla de todos los que han golpeado la sociedad española; se centra solo en uno: ETA. En cambio, no dice nada, por ejemplo, del terrorismo de extrema derecha o el de los GAL, ni tampoco del mayor atentado de la historia de España (y de Europa en las últimas décadas), el 11-M».
Los firmantes del manifiesto sostienen que la proposición de PP y Vox «muestran una falsa equiparación -además de imposible desde el punto de vista histórico y ético- entre dictadura y democracia». En la exposición de motivos los proponentes afirman querer «restaurar el equilibrio perdido». En cambio, el manifiesto considera que sólo en las últimas dos décadas ese equilibrio se había comenzado a matizar sobre la base de las investigaciones académicas y el impulso de las asociaciones de memoria.
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El manifiesto cuenta con las adhesiones de la Junta de la Facultat de Geografia i Història de la UV; el equipo decanal de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant; el Àrea de Didàctica de les Ciències Socials de la UV; la Càtedra d'Història i Memòria Democràtica de la UJI; el Aula d'Història i Memòria Democràtica de la UV y la revista Pasado y Memoria, Universitat d'Alacant.
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