Vuelve la competencia entra las empresas públicas del Gobierno y de la Generalitat consideradas medios propios tras un periodo de monopolio ostentado por la firma estatal Tragsa. La Conselleria de Agricultura ha retomado las encomiendas de gestión con la recién recuperada Vaersa. En concreto, el departamento que dirige Mireia Mollà, de quien depende orgánicamente la firma, ha encargado a la mercantil el mantenimiento y trabajo de unas bodegas en Requena y unas parcelas en Vila-Real por un importe de 158.528 euros repartidos en dos anualidades, con fecha de finalización en 2022.
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La encomienda se convierte en la primera que lleva a cabo la Generalitat desde que el Consell recuperara para Vaersa la condición de medio propio de la administración autonómica, el pasado 20 de enero tras acuerdo del pleno. Una condición que la firma había perdido en 2019, después de que la auditoria de la Intervención de la Generalitat alertara de irregularidades, entre otras cosas, en materia de personal y en el porcentaje de ingresos que facturaba fuera del sector público, que superaba el 20%.
La Sindicatura también fue crítica con la gestión de Vaersa y en su último informe afeó que la firma no tuviera reglamento sobre su condición de medio propio personificado, por lo que para evitar dudas que puedan originar incumplimientos e interpretaciones contradictorias, aconsejaba que solicitara a la Abogacía y a la Intervención General de la Generalitat una circular conjunta que aclarara esa importante cuestión. El pasado verano, el Consell aprobó un decreto ley para que Vaersa tuviera la competencia como servicio público de titularidad autonómica en las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y de los residuos de envases recogidos selectivamente. Esta opción devolvió a Vaersa a la senda de recuperar su condición de medio propio que, finalmente obtuvo el pasado enero, tras la aprobación del Consell.
Hasta la fecha, la Generalitat había acudido a la empresa pública Tragsa y a su filial tecnológica, Tragsatec, para numerosos encargos para los que evitaba el concurso público. Encomiendas de lo más variopinto que engrosaban mes a mes la cuenta de resultados de la firma del Gobierno central. Para poder considerarla medio propio, la Generalitat entró en el accionariado de la firma que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con una participación.
Entre los encargos más sonados de estos años está el de la reforma de la sede del TSJ valenciano, que se acabó anulando. Pero también numerosos planes de gestión de los fondos europeos o de recuperación tras la pandemia.
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