Los vecinos de Benavent piden al juez que autorice el pago de todo lo que debe de gastos de comunidad

Los problemas judiciales suelen desencadenar toda una cascada de consecuencias familiares, económicas, laborales... Pero, en ocasiones, también surgen sorpresas vecinales. Es la situación que vive Marcos Benavent, principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Imelsa y la multitud de piezas derivadas en las que Alfonso Rus aparece al frente de una supuesta organización delictiva.

Benavent tiene un piso en el número 105 de la avenida Pérez Galdós. Allí residió un tiempo tras casarse con su mujer. Tras la separación, se marchó a otra vivienda en las afueras de la ciudad. Ahora, tras la tremenda repercusión mediática por su confesión judicial, vive prácticamente aislado. Carece de ingresos y todos sus bienes están bloqueados por el titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

Pero los vecinos de la comunidad parecen hartos de esta situación. Por eso han presentado un escrito en el juzgado en el que informan de la deuda que está generando Benavent al no hacer frente a los gastos trimestrales de la finca como limpieza, ascensor y otras actuaciones.

Los residentes han aportado dos sentencias de juzgados de Valencia por las que se les reconoce el derecho a recibir del deudor casi 2.000 euros por los gastos de la comunidad más intereses. Reclaman al juez que considere «preferentes» estos créditos de acuerdo a cualquier otro acuerdo de la legislación vigente. De igual modo, la comunidad de propietarios solicita que al margen de las dos resoluciones anteriores se «realicen las acciones oportunas a fin de que el juzgado desbloquee las cuentas bancarias, saldos, alquileres para que se puedan pagar las cantidades ya liquidadas, pero también los futuros gastos que genera el inmueble porque esta situación causa un daño en el resto de vecinos que no debemos soportar». LAS PROVINCIAS contactó ayer con el abogado de Benavent, Ramiro Blasco, que ya prepara la contestación de su cliente. El letrado adelantó que se opondrá a las medidas, pero no quiso concretar sus argumentos hasta que presente el escrito.

Benavent ya intentó hace meses alquilar esa vivienda. Lo hizo en mayo de 2019 cuando solicitó permiso al juzgado para poner en alquiler ese inmueble. El dinero procedente de ese arrendamiento iría destinado al pago de las responsabilidades civiles de una hipotética condena en cualquiera de las causas en las que se mantiene investigado, según explicaba en un escrito presentado en el órgano judicial. De hecho, la propuesta del exrecaudador del Partido Popular era que las rentas se ingresasen directamente en la cuenta de consignación del órgano judicial.

El abogado, en la documentación entregada en el juzgado, incluía el contrato con el futuro inquilino de la vivienda. El importe que se había fijado era de 300 euros, una cantidad accesible si se compara con el mercado del alquiler en la ciudad. Una vez más, la lentitud del juzgado a la hora de responder a uno de los principales investigados en la causa hizo que perdiera esta posibilidad.