Veinte juicios pendientes por corrupción lastran las opciones electorales del PP valenciano

Una veintena de causas judiciales, pendientes de juicio o de una sentencia firme, lastran las expectativas del PP en las elecciones autonómicas y locales de 2019. La ristra de asuntos no ha disminuido ni en número ni en enjundia. Todo lo contrario, la gravedad de los hechos aumenta a medida que la investigación progresa. Las continuas peticiones de perdón de Isabel Bonig resultan inútiles o de escaso efecto ante el significativo número de causas que se acumulan en los juzgados. La preocupación no dejar de crecer en la formación conservadora.

Las maquinarias electorales de los partidos valencianos comienzan a lubricarse. Se construyen argumentarios contra los rivales, los socios del Consell marcan distancias, las encuestas empiezan a tomarse muy en serio. Los carteles comienzan a pedir rostros de candidatos autonómicos. En algunos casos, son obvios (Oltra y Puig, para Compromís y PSPV), en otros son una incógnita (Ciudadanos y Podemos) y en los de más allá son un problema. El PPCV orienta su trabajo hacia la figura de Isabel Bonig, una dirigente llamada a ser aspirante a la presidencia de la Generalitat desde que sucediese a Alberto Fabra al frente de los populares valencianos, en julio de 2015. Por entonces, hace ya 32 meses, el partido preveía una larga travesía por el desierto. En la Biblia se afirma que los israelitas vagaron 40 años por el Sinaí, y quizá los populares no pasen tanto tiempo errando, o sí. De momento, la actual legislatura se acerca a su recta final con pobres resultados parlamentarios para los populares, mientras una veintena de asuntos sobre corrupción están pendientes de resolverse. El peso de la ley lastra las opciones electorales de Bonig, a la espera de que los jueces pongan orden entre su militancia mientras las opciones de Ciudadanos crecen a tal velocidad que en las cábalas para después de 2019 ya no está claro si Cs podría apoyar al PP o si será al revés, e incluso se baraja que los naranjas busquen asociarse con el PSPV, lo que supondría cuatro años más de los populares en la oposición.

De momento y con la esperanza de que no aparezcan nuevas irregularidades del puño y la letra del PP, los populares desearían haber tocado suelo electoral en la Comunitat. En cualquier caso, el ambiente judicial no ayuda. Tampoco colabora Génova, donde las candidaturas valencianas no alcanzan a ser consideradas como asunto principal. El tiempo de los tribunales corre de modo distinto al de la política. Por ejemplo, el juicio de Terra Mítica se celebró diez años después de los hechos y aún está pendiente del fallo del Supremo. Las opciones de Bonig dependen de ese complicado 'tempo' judicial.

El asunto de mayor repercusión en los últimos años. La causa se divide en varias piezas separadas, todas dañinas para la imagen de los populares. El delito electoral y el pitufeo -la investigación al Grupo Municipal por el blanqueo de 50.000 euros para pagar actos electorales- salpica a Alfonso Grau y a todos los concejales salvo Eusebio Monzó. Este asunto, próximo a su finalización, podría cerrarse este mismo año con el auto de procesamiento. En el Consistorio también se rastrean las adjudicaciones de Cultura. El resto de piezas, en las que Alfonso Rus aparece como el dirigente clave de la trama, tampoco invitan al optimismo. Así, figura el cobro de comisiones por los colegios de Ciegsa, el fraude en el call center de la Diputación o los zombies colocados por el PP en las empresas públicas como Imelsa.

Ricardo Costa confesó la financiación ilegal de los populares durante los comicios de 2007 y 2008 en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. El exresponsable de los populares se enfrenta a siete años de prisión. El exconseller Vicente Rambla comparte banquillo. Los empresarios también han admitido que participaron de esa ilegal mecánica. Los propios dirigentes de la red Gürtel se han sumado a la confesión.

Tres piezas, cada cual más complicada. La primera, en la que está investigado Francisco Camps, se concentra en la organización de la F-1 en Valencia. La segunda de las divisiones abarca un conjunto de contratos supuestamente amañados con Circuito Motor. No obstante, la verdadera bomba de relojería para el PP valenciano late en la tercera de las piezas: la compra de Valmor por la Generalitat por un euro con la asunción de toda la deuda. Estos hechos corresponden a la etapa de Alberto Fabra. Isabel Bonig formaba parte del Consell.

Otro de los asuntos que más pueden dañar la imagen de Isabel Bonig. Una juez analiza los contratos de la visita del Papa a Valencia que celebró la Fundación V Encuentro de las Familias. Aparte de Camps, también se investiga al exvicepresidente Víctor Campos y al exconseller Juan Cotino. También parece relevante el papel de la empresa pública Vaersa, que pagó actos de la visita papal sin justificación alguna. La sociedad pertenecía a la Conselleria de Bonig. En la causa, constan mensajes de texto de móviles en los que se alegran del apoyo de la consellera a uno de los sospechosos en detrimento del otro.

Una investigación bajo secreto que se conoció hace apenas mes y medio. Otra trama que supuestamente amañó la construcción del circuito de la F-1 a dos mercantiles que concurrían junto a la mano derecha de Ecclestone. De nuevo el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el que fuera conseller de Infraestructuras Mario Flores aparecen entre los investigados principales de este sumario. De igual modo, en las pesquisas judiciales se analizan quién pagó los viajes de altos cargos a Dubai y Bahrein.

Otro de los políticos que ha visto cómo su carrera política finalizaba por la corrupción fue el exdelegado del Gobierno y conseller de Infraestructuras, Serafín Castellano. Al menos tres piezas de esta macrocausa comprometen de nuevo la imagen de ejemplaridad del PP valenciano. La de mayor enjundia, sin duda, el amaño de contratos de extinción de incendios a cambio de regalos al responsable autonómico, entre ellos joyas y el pago de cacerías. Además, se investigan obras concedidas a un empresa de un amigo del exreferente de los populares.

El primer juicio de la visita del Papa a Valencia examinará la adjudicación de las pantallas de la visita de Benedicto XVI. El expresidente de Les Corts y vicepresidente del Consell, Juan Cotino, se enfrenta a 11 años de cárcel por intervenir a favor de la trama Gürtel. La Udef apunta a que se hinchó deliberadamente el precio de las pantallas.

Otra de las piezas que todavía no se han juzgado aborda las contrataciones desde otros departamentos de la Generalitat con la trama que dirigía Francisco Correa. Tres exconsellers, Manuel Cervera, Alicia de Miguel y Luis Rosado, se sentarán en el banquillo por prevaricación.

El desvío de fondos en la Conselleria de Cooperación tendrá un nuevo capítulo judicial en unos meses. De nuevo, el exconseller Rafael Blasco y la excúpula de la Conselleria se sentarán en el banquillo por el fraude en las subvenciones a determinadas ONG´s y el fallido proyecto del Hospital de Haití. No es el único asunto que salpica a la familia de políticos valencianos. Las graves irregularidades en la gestión del Ivam, desplegada por Consuelo Císcar, también ha supuesto la apertura de una causa en el juzgado. Incluso el hijo de ambos está investigado.

Los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y el empresario de la construcción Enrique Ortiz, serán juzgados por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para los exediles.

También dividido en numerosas piezas separadas. Pero, la más importante, el saqueo de más de 20 millones de euros de la planta, está próximo a su resolución. La Audiencia ya ha adelantado que la sentencia está en su recta final. Este mes puede ser el definitivo. El exalcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta, y el exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, se enfrentan a más de 20 años de cárcel.

No hay fecha para el juicio, pero comenzará en meses. La vista a la exintendente del Palau de les Arts por desviar fondos salpica a tres empresarios. Helga Schmidt, en su escrito de defensa, apuntó a la exconsellera de Cultura Trini Miró. Su declaración en la Audiencia puede deparar alguna mala tarde para la formación popular.