La jueza de la F-1 busca vínculos de las constructoras del circuito y los papeles de Bárcenas

La causa del circuito de la Fórmula 1 en Valencia se inició con un objetivo claro: averiguar por qué las dos ingenierías responsables del diseño del circuito comenzaron a trabajar antes de adjudicarse el proyecto. Anticorrupción sostiene que se amañó el contrato porque las beneficiadas se presentaron asesoradas por el ingeniero Herman Tilke, mano derecha de Bernie Ecclestone.

Pero la juez, tras la incorporación de la confesión de Ricardo Costa y el supuesto cobro de comisiones a cambio de obras, ha ampliado las pesquisas hasta convertir el asunto en otra macrocausa. El pasado mes de noviembre encargó a la Udef que realizara un informe, que hasta la fecha no había trascendido, similar al que ya se elaboró respecto a los denominados papeles de Bárcenas, el extesorero del PP.

El encargo a los especialistas de la Policía Nacional pretende que examinen la documentación existente, tal y como en su día se hizo para la Audiencia Nacional, pero ahora respecto a las empresas que participaron en la construcción del circuito de la F-1.

La instructora, en una reciente providencia en la que reclama celeridad a los agentes, cita todas las mercantiles que han tenido alguna relación con el proyecto. Se trata de Iberdrola, Construcciones Luján, Hormigones Martínez, FCC, Pavasal, UTE UHL-Luján-Ecisa, Construcciones y Estudios (Cyes), Elecnor, Weber Seguridad, Typsa, Ayesa y de nuevo la UTE FCC-Pavasal-Becsa.

La investigación está agotada para la Fiscalía Anticorrupción. Por ese motivo, no solicitó la prórroga. Pero esta pericial fue encargada antes de que se acabara el plazo. El hecho de que no se renovara el periodo impide acordar nuevas diligencias, pero sí recibir todas las que se hubieran decretado con anterioridad. No es el único informe que aguarda la juez antes de elaborar el auto de incoación de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos, o bien optar por el archivo si considera que los hechos no generan responsabilidad penal. Así, todavía está pendiente un dosier de la Intervención respecto a los 21 contratos firmados por la F-1, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.

La Generalitat, que ejerce la acusación particular, quiere cuantificar el supuesto perjuicio que le supusieron determinadas actuaciones relacionadas con la Fórmula 1. Entre ellas, figuran las obras de acondicionamiento en la avenida de Francia y Alameda, las asistencias técnicas, los trabajos en la Marina Real, las obras en los tinglados 4 y 5 y contratos de seguridad y vigilancia, aparte de otras cuestiones. La Generalitat busca una pericial que recoja el supuesto quebranto económico de esas adjudicaciones.

Francisco Camps, Vicente Rambla y David Serra están investigados en esta causa. Los dos últimos a raíz de la confesión de Costa, aunque los empresarios posteriormente negaron las acusaciones del exsecretario general de los populares.