El virus incurable entre Palau y Moncloa

A no ser que todos los planetas de la izquierda se alineen en Madrid el 4 de mayo, la Comunitat es la región española más importante demográficamente en la que gobiernan los socialistas. Así ha sido desde hace años, concretamente desde diciembre de 2018, cuando el PSOE perdió Andalucía. Ya entonces en la Moncloa habitaba el líder del partido con sede en Ferraz, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Su barón estrella es, por tanto, Ximo Puig, jefe del Consell; su territorio más preciado, el valenciano; la niña de los ojos socialista en materia de administraciones autonómica, la Generalitat. ¿Sí? Pues no demasiado.

Ni antes ni durante la pandemia había ni hay una conexión, una complicidad entre Moncloa y Palau. La relación se percibe tirante. Espesa en lo político, mejorable en lo económico y distante en lo sanitario. La maniobra de Puig al reunirse con representantes de Janssen generó «un profundo malestar» en el Gobierno, una nueva muestra del maligno virus inoculado en la relación entre el Gobierno y el Consell. Teóricamente están condenados a entenderse, pero realmente parecen empecinados en enfrentarse a la mínima ocasión.

Pandemia

Sospecha tras sospecha por la invasión de competencias

La crisis sanitaria generada por la pandemia ha servido para exhibir una suspicacia inacabable entre Gobierno y Consell. El coronavirus se instaló en España silenciosamente, y ese mutismo salpica la relación entre las dos administraciones. Puig suspendió las Fallas y la Magdalena tras recibir a trompicones las recomendaciones del Gobierno central, que no fue hasta unos días más tarde, el 13 de marzo, que decidió tomar las riendas de la situación. Sin embargo, la pandemia atropelló a los gestores del Ejecutivo nacional, y Puig logró apuntarse un tanto muy notable cuando encontró una vía para comprar productos sanitarios muy, muy escasos.

La Generalitat sacó pecho por su gestión y también por la contención de los contagios con todo el mundo confinado en su casa. Sin embargo, a finales de marzo, 788 sanitarios valencianos ya estaban contagiados. Puig hizo uso de sus contactos sindicales para sondear la posibilidad de traer a la Comunitat a 200 médicos procedentes de Cuba. El Gobierno central le cortó las alas.

En mayo, el Consell vendió la piel del oso antes de cazarla con el pase de fase a la primera etapa de la nueva normalidad y se quedó con la mochila hecha, pero sin billete para ese viaje a la desescalada. El Gobierno central no concedió el pase de fase a la Comunitat, que entonces lideraba el ranking de comunidades con menos test. Puig la consellera de Sanidad, Ana Barceló, abrieron una crisis institucional con el Gobierno central sin precedentes durante los meses de pandemia. Acusaron al Ejecutivo de «haber cambiado las reglas del juego a mitad de la partida» y justificaron la escalada de descalificaciones en que «la lealtad no es sumisión» en el caso de gobiernos del mismo signo. Ya en aquel entonces, en los círculos socialistas valencianos más afines a Puig se hablaba de correctivo para la Comunitat, para amortiguar la decisión de que Madrid tampoco pasaría de fase. Una especie de teatralización de que al Gobierno central no le importaba el signo político de las comunidades, sino sus cifras sanitarias. Así que la Generalitat se quedó en fase cero, lo que supuso un fiasco para empresarios y hosteleros, a quienes se les habían prometido los primeros rayos de luz.

La invasión de competencias, el recelo por quién puede hacer qué y quién puede patrimonializar medidas sanitarias que a los ojos de la ciudadanía (al fin y al cabo, el electorado) puedan percibirse como muy positivas o negativas, es una sombra de sospecha permanente. En enero, cuando los contagios se desbocaron en la Comunitat, el presidente de la Generalitat anunció que solicitaría en el Consejo Interterritoral de Salud que permitiese avanzar el toque de queda a las 20 horas. Sin éxito.

Este pasado martes, Puig se reunía con Janssen en el mismo momento que Sánchez anunciaba su plan de vacunación. Fuentes del Gobierno central admitieron tener la sensación de que el jefe del Consell actuaba de forma «desleal» y confirmaron un profundo malestar.

En Moncloa llevaban semanas observando con disgusto la actitud de la Generalitat después de que el Consell del Botánico fuera el primero en reclamar la incorporación al catálogo de vacunas la rusa Sputnik, sobre la que todavía no se ha pronunciado la Agencia Europea del Medicamento. Una petición imposible de cumplir cuando no tiene la autorización desde Bruselas. El PSPV también se ha mostrado favorable a que se liberen las patentes de las vacunas, un planteamiento que en la Comisión Europea desagrada profundamente y que sorprende teniendo en cuenta que es el propio Puig el que publicita sus reuniones con Janssen o Astrazéneca, en las que fuentes del Consell señalan como muy poco probable que el presidente dijese nada sobre las patentes.

Economía y Política

Financiación sin plazos con un congreso a la vista

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que cada vez que un miembro del Consell abría la boca, la palabra 'financiación' aparecía al principio, en medio o al final de la frase. El perjudicial reparto de fondos autonómicos para la Comunitat era el alfa y omega del Botánico. Rajoy estaba en la Moncloa y su ministro Montoro era considerado un canalla antivalenciano. Desde el verano de 2018, la voz que niega el pan y la sal de la financiación a la Comunitat es del PSOE.

Sánchez lleva casi tres años en la Moncloa, primero solo y ahora acompañado de Podemos. Desde la pandemia al «no es responsabilidad del gobierno, sino del Congreso» que pronunció hace semanas el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para justificar el retraso, los motivos y las excusas son variopintas. Durante el último pleno de Les Corts, Puig fue hostigado por la oposición a cuenta de este tema. Y no sólo desde la derecha. Sus socios de Compromís también le pidieron explicaciones, y lo que recibieron fueron buenas palabras sin fechas ni plazos ni un calendario al que agarrarse.

El jefe del Consell acudió a Madrid el 17 de marzo, se reunió con la ministra Montero. Volvió a Valencia con las manos tan vacías como las arcas de la Generalitat, cuya deuda se ha disparado (el año pasado se cerró con 50.807 millones de euros). El Consell sobrevive gracias a los fondos que, coyunturalmente, recibe de un Gobierno central entre cuyas prioridades ni ha estado ni está resolver la financiación.

A cambio, Puig ha sido una de las voces que con más insistencia ha exigido la cogobernanza de los fondos europeos, condicionados a una transformación del modelo productivo que pone en solfa cuánto, cómo y para qué llegará el dinero de Bruselas, si es que llega. En este sentido, resultó muy descorazonador observar el modo en que la Alianza Valenciana de Baterías, presentada por Puig a bombo y platillo, quedó eclipsada en febrero cuando el Gobierno y el propio Rey apadrinaron un proyecto similar y, por tanto, rival directo, que se desarrollará en Cataluña.

Eso sí, el pasado 15 de marzo se anunció que Pedro Sánchez escogía Valencia para celebrar el 40 congreso federal del PSOE, una buena noticia orgánica para los socialistas de la Comunitat, que, por cierto, velan armas de cara a su congreso autonómico.

La reacción de Puig contra el Gobierno por el retraso en el cambio de fase acentuó la brecha orgánica, a las puertas de los congresos del PSOE y del PSPV. Las airadas críticas de Puig vinieron acompañadas del significativo silencio de algunos cargos del partido. Pero también de análisis de dirigentes 'sanchistas', que remarcaron lo desproporcionado de la reacción de Puig, la negativa del líder del PSPV a asumir las razones sanitarias que provocaban la decisión, y el egoísmo del Palau por culpar al ministerio. «No estamos para crear problemas, sino para solucionarlos y anticiparnos a ellos» escribió en su día en redes sociales la líder de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero.

Relación institucional

Leyes descuadradas entre supuestos aliados

Desde el Palau se afanan en visibilizar una imagen de unidad con el Gobierno de España. Puig se convirtió en uno de los aliados del presidente del Gobierno durante las reuniones de las sucesivas conferencias de presidentes en los primeros meses de la pandemia. Ayudó a pacificar las citas, haciendo de enlace con otros líderes autonómicos, y actuó como valedor de la política sanitaria del Gobierno avalando las desescaladas, aunque esa supuesta sintonía institucional se vio alterada en mayo, con los planes de desescalada.

En el plano institucional, el Consell se llegó a sentir acosado por los constantes recursos del Ejecutivo del PP, que planteó 24 recursos en el tiempo en que las administraciones lideradas por Rajoy y Puig coincidieron.

Unas cifras que, sin embargo, se asemejan a las que ya acumula el Ejecutivo de Sánchez con el Botánico. Desde su llegada a Moncloa, según los informes sobre conflictividad Estado-Comunidades autónomas, entre el tercer trimestre de 2018 y la actualidad, el Gobierno ha abierto una veintena de comisiones bilaterales, el paso previo a los recursos. Una impugnación en toda regla de normas valencianas que se debaten previamente, a modo de mediación para evitar recursos ante el Constitucional. La última, la ley de acompañamiento, donde el Consell modificó la ley de contratos para poder contratar por emergencia todo lo que consideren necesario para la recuperación de la Comunitat tras la pandemia. El Gobierno ya ha pedido abrir una bilateral porque las ley modificada es competencia estatal.