Vox conoció la condena a su alto cargo a través de funcionarios de prisiones

Vox conoció esta delicada información -la existencia de una condena de esta naturaleza- a través de sindicatos de prisiones. Responsables de estas organizaciones comunicaron la condena a un miembro del partido y la información circuló rápidamente hasta la cúpula de la Conselleria. Y ahí se adoptó la decisión del cese.

De inmediato se trasladó al presidente Mazón. Una salida que se debía materializar lo antes posible; sin tiempo de demora. De ahí la urgencia en la convocatoria del Consell de esa misma tarde. Un retraso o una filtración por otros medios hubiera llevado al Gobierno a actuar al rebufo de los acontecimientos. De esta manera trató de limitar daños.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiso ayer exhibir contundencia en esta primera minicrisis del Consell y del mismo modo enviar un mensaje a la oposición. La tarde del jueves fue de alta tensión para el Consell, que convocó un Pleno al conocer que la delicada tesitura.

El dirigente popular defendió la «respuesta política, fulminante y moral» del Consell. «Estamos lanzando un menaje muy claro, que empezó y acabó ayer. Si alguien cree en la sociedad que puede seguir ocultando cosas o en la administración pública con este gobierno, que sepa cuál es su final, creo que lo hemos dejado bastante claro (...) Es un aviso a cualquiera que se atreva a querer darnos lecciones con algunas cuestiones, es lo que me parece importante dejar claro: ni un solo paso atrás con esta cuestión frente a los pasos atrás que desgraciadamente sí hemos visto en otros lugares», declaró a preguntas de los periodistas en una visita a la empresa Cecotec en Alfafar (Valencia).

La sentencia, dictada en octubre de 2011 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva, condena al subsecretario por agredirle con un puñetazo y amenazarle con un cuchillo, según informó la Ser.

El juzgado le impuso 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas y una orden de alejamiento.

La sentencia era una conformidad. Es decir, que el propio condenado aceptó los hechos para beneficiarse de una rebaja de la pena. El episodio de maltrato se produjo en Aljaraque, Huelva, localidad donde residían y durante la separación de la pareja, que mantenía desavenencias por la vivienda familiar.

Mazón, preguntado por si va a comparecer en Les Corts para dar explicaciones, tal y como le reclama la oposición, señaló que hay «una fecha prevista» para su primera sesión de control a principios de octubre. Será entonces cuando puede ser interpelado al respecto.

En cualquier caso, precisó que el Consell compareció el pasado jueves «de manera fulminante, rápida, clara y transparente». «No sé si todos podemos decir lo mismo en casos de la pasada legislatura. Hemos sido fulminantes, inminentes, tan pronto como la consellera certificó este engaño, esta ocultación muy grave, obramos en el mismo día. Es un cese fulminante, para que no haya ningún género de dudas, que no la hay. Hemos cumplido con nuestra obligación en el tiempo que correspondía, que era inmediato».

Mazón ha recordado que en estos asuntos lo que prima es «el sentido común y tener clara la escala de valores»: «Tener claro que cuando alguien te engaña de esa manera o cuando oculta algo tan grave no hay la más mínima quiebra ni rendija; ni moral, ni política, ni de gestión».

Es el segundo caso de dirigentes de Vox que se ven salpicados por condenas de esta naturaleza. El que fuera candidato a la Generalitat y posteriormente cabeza de lista al Congreso por Valencia, Carlos Flores, también fue condenado en 2002 por violencia hacia su expareja. Esta circunstancia hizo que fuera vetado por la dirección del PP para el pacto de gobierno con su partido en el gobierno autonómico. «No son situaciones, por tanto, comparables», indicó.

Justicia busca ya un sustituto para ocupar la plaza de subsecretario y tratar de cerrar este capítulo. El primer incendio de Vox en un Consell que no ha sumado ni cien días.