Vox sostiene que Oltra se alió con su equipo para proteger su carrera política ante la denuncia contra su exmarido

El partido de derecha radical ha presentado este martes su escrito de calificación en el que pide la apertura de juicio contra la exlíder de Compromís y su equipo de colaboradores. Reclama tres años y medio de cárcel para la que fuera vicepresidenta del Consell y catorce años de inhabilitación. Consideran a Oltra responsable de un delito de prevaricación, otro de abandono de menores, otro de omisión del deber de perseguir delitos y, por último, de un delito de encubrimiento.

El escrito de acusación realiza un exhaustivo repaso por todos los hitos en el proceso de atención a la entonces menor. Se trata de 31 momentos clave en el proceso, desde la denuncia de la menor, la actuación del centro de menores, las entrevistas y dictámenes de la psicóloga de la Conselleria de Igualdad y, por último, la orden de ese expediente informativo que finalmente se convierte en un dosier para desacreditar a la víctima.

Todo ello, añade el escrito, ha supuesto que de «una forma voluntaria o involuntaria se ha llegado a retrasar y obstaculizar su persecución, a la par que en vez de apoyar y proteger a la menor como era su deber, a la afectada se le ha sometido a una intolerable victimización». La letrada considera la posición de los altos cargos de «inverosímil ignorancia».

No se dio una protección efectiva a la menor cuando la víctima de los abusos estaba bajo tutela de la propia Generalitat. Teresa Tanco había estado desde los cuatro años de edad en centros de protección. Como elemento más revelador de la supuesta trama, Vox subraya el informe parapolicial que se encargó, según su criterio por orden de Oltra, cuando ya se había abierto esa investigación judicial. «Una suerte de intromisión en la acción judicial».

No todos los investigados forman parte del escrito de acusación de Vox. Tanto Miquel Real, exjefe de gabinete, como Francesc Gamero, subsecretario de Igualdad, se han quedado fuera de este relato incriminatorio. De hecho, la acusación popular dirige todas las sospechas hacia Oltra e Isabel Serra, la directora territorial, únicas dos personas de toda la causa para las que solicita pena de cárcel.

La otra acusación popular es la que se dirige desde Gobiernate, una organización controlada por la polemista Cristina Seguí. El abogado ha solicitado la suspensión de los plazos a la espera de que la Audiencia conteste a los recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento. Otro de los momentos esperados en esta instrucción es la posición de la Fiscalía, órgano que tampoco vio delito y respaldó el archivo de la causa.