Vox plantea expulsar a 52.000 inmigrantes para apoyar el pacto en Andalucía

El documento que Vox ha puesto sobre la mesa del PP para respaldar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía va mucho más lejos de lo que los populares están dispuestos a conceder. Las cúpulas de ambas formaciones se reúnen en Madrid desde la cinco de la tarde y fuentes populares descartan ya admitir el texto «inaceptable» que el partido de Santiago Abascal propone para el desbloqueo político. «Varios de los puntos -dejan claro- son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar». Desde la dirección nacional, así como desde distintos territorios se coincide en una conclusión: Vox no quiere acuerdo.

La primera reclamación de los de Santiago Abascal pasa por la devolución de las «competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público» al Estado y una reforma del estatuto autonómico que elimine el término «realidad nacional» para referirse a Andalucía. Y, aunque los conservadores confiaban en no abordar este asunto en la cita de hoy, Vox también retoma su propuesta de derogación de la ley autonómica de violencia de género.

En total son 19 puntos en un papel de máximos que establece el marco en el que Vox pretende negociar. La medida más conocida, la de sustituir la normativa que persigue la violencia contra las mujeres por otra que «no prejuzgue el sexo del agresor», aparece en el último tramo del documento. Junto a esta iniciativa, el partido de Abascal solicita suprimir la ley que promociona en la región la igualdad de género y la que garantiza la no discriminación del colectivo LGTBI en Andalucía. «Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución -reza el texto-; España no es un país homófobo que necesite leyes especiales».

A partir de ahí, Vox retoma algunas de sus reivindicaciones. Así, exige colaborar con las fuerzas de seguridad para identificar y expulsar a las personas sin papeles. «La Junta de Andalucía -acusa Vox- encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía». En este ámbito, reclama eliminar las ayudas a aquellos que se encuentren en esta situación y promover la «ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan» este fenómeno.