Vox recupera la guerra de Bonig contra las ayudas a sindicatos y patronal

El síndic de Vox, José María Llanos, ha admitido este martes que se trata de un primer paso con el fin de «comprobar» si los sindicatos y la patronal cumple la ley y, en el caso de que no lo hagan, exigir la retirada de las subvenciones. «Son entidades que reciben dinero público y no están sometidas a la ley de transparencia», ha indicado Llanos. En realidad, sí que lo están, pero en un grado menor que, por ejemplo, los partidos políticos que, en el caso de Les Corts, prácticamente fueron forzados por el propio parlamento para que cumplieran con las leyes de transparencia y justificasen los gastos de las subvenciones públicas que reciben.

En diciembre de 2017, la entonces portavoz del PP, Isabel Bonig, criticó que en los presupuestos del Consell del Botánico se mantenían «privilegios franquistas» al dar subvenciones directas a la patronal y sindicatos más representativos. CC OO y UGT atribuyeron las críticas de Bonis y su propuesta de retirar las subvenciones públicas que reciben la patronal y los sindicatos, al «éxito» de la manifestación del 18 de noviembre de aquel año por una financiación justa, que apoyó la patronal, ante lo cual, según los sindicatos, Bonig se quiso «vengar» de las asociaciones empresariales.

Ahora, desde Vox se propone reformar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a fin de que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión de manera que sea conocida, no solo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad, y especialmente lo relativo a cuentas anuales, presupuestos, sueldos, informes de compatabilidad, contratos, cuotas de afiliación, ayudas recibidas y memoria de actividad.

Además, los voxistas reclaman que los sindicatos y la patronal pongan en marcha «un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción«, así como obligar al cumplimiento de los actuales requisitos a los que ya están obligados sobre la transparencia en los datos vinculados a las subvenciones.