El TSJ vuelve a ordenar a Antifraude que le dé al PP el expediente de Francis Puig

El TSJ valenciano ha propinado dos portazos más a la Agencia Antifraude, en relación con su negativa a entregar al PP valenciano el expediente sobre Francis Puig. En sendos autos, el alto tribunal rechaza el criterio de la entidad que dirige Joan Llinares y vuelve a exigir que dé traslado a los populares de la documentación que se le ha solicitado.

El TSJ, igual que el Tribunal Supremo y Les Corts, ya se había pronunciado en el sentido de dar la razón a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y mandatar a Antifraude que le entregara los documentos de los que dispusiera sobre este caso, En los autos que se conocieron ayer, el TSJ rechaza las razones de "extemporaneidad del recurso" que alegaba Antifraude, al haber sido presentado fuera del plazo de dos meses a contar desde la fecha de la práctica de las notificaciones. Además, condena a la entidad de Llinares el pago de 100 euros en concepto de costas. Dos autos, 200 euros, y la orden de contestar al PP.

En este sentido, el director general de la radiotelevisión valenciana, Alfred Costa, ha acudido esta tarde a Les Corts a hacer balance de su primer año de gestión y a responder a las preguntas que parte de los grupos de la oposición habían registrado sobre el pacto de precios por parte del cartel de productoras de Francis Puig y sus socios que, en 2019, fue denunciado por la propia televisión. Costa

"Ninguna persona de À Punt está implicada en ningún caso. Nadie de la mesa de contratación lo está. Tomamos todas las medidas preventivas que pudimos, poniéndolo en conocimiento de quien tocaba. Hemos actuado conforme a la ley, pero ni somos parte n afectados", ha explicado el director de À Punt.

Costa ha recordado que el descubrimiento del pacto de precios del cártel surgió fruto de la fiscalización interna en la cadena y aseguró que hasta que un órgano inhabilite a esas empresas, "si eso ocurre", sería ilegal que no "les dejáramos presentarse o no licitáramos si ganan". Sin embargo, la portavoz del PP en la comisión de RTVV, Eva Ortiz, lamentó que las empresas hayan vuelto a resultar adjudicatarias, en circunstancias similares a las que fueron fruto de la sanción de Competencia y aseguró que su grupo llevará ese concurso al tribunal de defensa de la competencia para que lo revise.

La diputada ha revelado que hace unos días le llegó respuesta a una petición de documentación realizada a la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació sobre el expediente administrativo del contrato de corresponsalías de Els Ports, Alt Maestrat y Baix Maestrat, “curiosamente el mismo contrato sobre el que en la anterior licitación sucedió el pacto de precios y que fue denunciado a la comisión de la Competencia”.

“Pensaba que esta vez iba a estar todo en orden y que el hermano del presidente y sus socios iban a estar descartados, pero no solo no ha sido así, sino que además se le ha adjudicado y hay paralelismos con la vez anterior. Se presentaron las empresas de Francis Puig y los Adell Bover y una tercera. ¿Qué sucede cuando se abrieron las plicas? Vuelve a pasar lo mismo que en el anterior contrato”, ha indicado. Así, Eva Ortiz ha preguntado a Alfred Costa “si alguien ha revisado minuciosamente este segundo contrato y si se va a volver a llevar al comité de la Competencia”.

Respecto a las reuniones de la exdelegada de la cadena en Castelló, a las que hacía referencia la trama Costa señaló que "las personas que han aparecido vinculadas a esta casa, lo hacen en el cumplimiento de su cargo. Aparecen en los whatsapp de los infractores en los que se dice que les dieron un correo que es la cuenta de mail que se da a todos los licitadores". La participación de la delegada en Castelló la ha circunscrito a una comida de medios de la provincia, donde coincidió con los infractores. "Ella no participó ni en la redacción del pliego ni en la mesa de contratación. Vincular un acto social con participación es, como mínimo, injusto", dijo.

Por su parte, Ortiz ha preguntado a Alfred Costa “si conoce o le consta si por parte de Francis Puig o Adell Bover ha habido mensualidades o pagos a esta responsable de À Punt. Esto es importante porque si dependiendo de si es así o no habría importantes consecuencias”. Costa ha señalado que la exdelegada ya no ocupa el cargo, sino que ahora es plantilla general y dicho desconocer este aspecto, aunque si se hubiera producido "la Fiscalía ya hubiera actuado". "No vigilo las cuentas de los trabajadores de la empresa ni vierto opiniones personales", ha dicho.

Respecto a la petición del consejo rector para que la la presidenta del órgano Mar Iglesias, sea nombrada de manera oficial (ahora lo está en funciones) sin una votación de Les Corts, y contar así con un contrato de alta dirección, Costa ha reconocido que "hace falta que alguien tenga dedicación exclusiva".