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El área de Cultura de la Diputación de Valencia vuelve a estar en el punto de mira. ¿El motivo? El fraccionamiento y la táctica del contrato menor para dar un rodeo a la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso, el programa que está en la lupa es la Asistencia Técnica en Materia de Promoción Lingüísticas a los Municipios. El plan, según consta en la relación oficial de contratos menores del órgano provincial, destinó más de 80.000 euros para dar servicio a los nueve Ayuntamientos que solicitaron el servicio del área de Promoción Lingüística.
La Diputación, en lugar de abrir un concurso para adjudicar el servicio y lograr la oferta más ventajosa, dividió el pago en 19 facturas, firmadas en un plazo de veinte días y con cantidades muy diversas, que van desde los 55 a los 14.671 euros. Además, los beneficiarios de estos contratos menores fueron dos empresas -Sarrià Masià e I Més- que se repartieron sin necesidad de pasar por un proceso ni de concurrir a ninguna evaluación un total de 82.709 euros.
El plan se puso en marcha como una experiencia piloto en 2016. Fueron varios los Ayuntamientos que participaron y estas dos firmas ya colaboraron en esa iniciativa pionera. «Al tener éxito, decidimos continuar con este proyecto en el año 2017», señaló el diputado provincial de Cultura.
El 21 de febrero de 2017, el secretario general de la Diputación, Vicente Boquera Matarredona, firmó las bases de la asistencia lingüística y se abrió el plazo para que los municipios interesados se presentaran. El 8 de agosto, la Diputación publicó una nota de prensa en la que tanto el diputado Xavier Rius como la responsable de la Unitat de Normalización Lingüística, Inmaculada Cerdà, anunciaron la puesta marcha de un plan que duraría tres meses -de octubre a diciembre- y donde ya desvelaron que la asistencia correría a cargo de las firmas Sarrià Masià, I Més y Noupertres, aunque de esta última no hay constancia de contratos en el listado oficial de la Diputación. El anuncio de Rius y Cerdà ya chocaba directamente con las bases publicadas, que en el punto cuarto decía: «La asistencia técnica solicitada será prestada por los funcionarios de la Diputación de Valencia». En ningún momento se abría la posibilidad a la externalización del servicio, como finalmente pasó.
La empresa I més, una de las dos que recibieron los contratos menores de Rius, ganó el concurso que externalizó parte del servicio de traducción y correción de textos de la conselleria de Educación y Cultura. El precio de licitación era de casi 1,9 millones de euros pero I més ganó el concurso al ofertar poco menos de un millón -una rebaja de más del40%-. En un principio se mantuvo en cuarentena esta oferta al considerarse una baja anormal y desproporcionada pero un informe de la dirección de Política Lingüística validó la oferta.
La Ley de Contratos del Sector Público establecía en esa fecha que un contrato menor de servicios no debía superar los 18.000 euros -tras la modificación legislativa de marzo son 15.000-, por lo que un plan de más de 80.000 euros exigía por ley un concurso público.
El área de Cultura que dirige el portavoz de Compromís, Xavier Rius, se saltó el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que regía en ese momento. Los 80.000 euros del plan fueron fraccionados en 19 facturas y pagados a dos empresas. Ni el servicio lo prestaron los funcionarios de la Diputación ni se cumplió el principio de buena gestión para dar publicidad al plan, permitir que se presentaran varias empresas y elegir la mejor oferta.
La firma Sarrià Masià, en tres meses, ingreso 50.886 euros por la asistencia a cuatro Ayuntamientos. El plan era trimestral pero el diputado Rius firmó las facturas mes a mes y por Ayuntamiento, lo que facilitaba trocear el pago. La empresa de traducción del hermano del cantante de Obrint Pas recibió cantidades diversas en un plazo de veinte días entre finales de 2017 y principios de 2008.
El servicio al Ayuntamiento de Sollana, por ejemplo, costó más de 24.000 euros -este servicio, por sí solo, ya hubiera necesitado un concurso al superar los 18.000 euros-. Rius fraccionó el pago para bordear así la ley. El 27 de diciembre de 2017 firmó un abono de 8.775 euros; dos días después, uno de 567,83 euros, y el 16 de enero, otro de 14.671,92 euros. La misma táctica mantuvo con el resto de Consistorios con facturas tan dispares como los 13.950 euros por el servicio en Meliana del mes de octubre firmados el 27 de diciembre, y los 55,64 euros que pagó dos días después por la mensualidad de octubre del mismo Ayuntamiento.
La misma táctica mantuvo con la empresa I Més, que ingresó 31.823 euros por el asesoramiento a seis Ayuntamientos. En este caso los pagos mantienen un equilibrio -salvo dos facturas- y lo llamativo es que todos se autorizaron el mismo día, el 16 de enero de 2018. I Més cobró el servicio dividido en diez facturas.
72 euros pagó por cada uno de los 200 los libros sobre Ramón Llull en Internet costaba 38.
2.000 agendas costaron 13500 euros. El PP denunció pero el asunto fue archivado.
El diputado de Cultura y portavoz de Compromís reconoció el problema. «En 2016 fue una prueba piloto, fue un éxito y hubo una gran demanda en 2017. Se iba a hacer con personal propio -así lo exigían las bases- pero fue imposible. Los pagos de las facturas excedían lo que sería habitual y asumible», señaló Rius tras ser cuestionado por este asunto. El diputado reconoció en la conversación mantenida con LAS PROVINCIAS que se empezó a realizar con funcionarios y becarios pero no se podía sostener. «Le dije a Inma Cerdà que si con funcionarios era imposible y externalizando el servicio se iba por encima de lo legalmente permitido, había que buscar otra fórmula. Así no se podía mantener y al hacer la suma (de 2017) vimos que esto se disparaba. En 2018 lo hemos hecho con personal propio pero es imposible, por lo que para 2019 lo haremos de otra manera», explica. «La opción es un concurso público o dar ayudas a los Ayuntamientos para que contraten ellos a empresas o a su personal y luego justifiquen la ayuda», terminó el portavoz de Compromís en la Diputación.
La situación no es nueva para el diputado de Cultura, Xavier Rius. El cargo de Compromís hará el paseíllo el próximo 8 de noviembre a las 12 horas en el juzgado número 7 de Valencia después de que fuera admitida la querella que el Partido Popular presentó por el fraccionamiento de contratos del servicio de guías en la exposición del MuVim, el museo de la Diputación de Valencia y cuya gestión está bajo la tutela de Xavier Rius como máximo responsable del área cultural.
La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, denunció que Rius había adjudicado el servicio a la empresa Somnis y a los dos administradores de la misma, Francisco Ramón y Eva Moreno, a título personal. El primero, además, es hermano de Juanma Ramón, que fue asesor de Xavier Rius durante parte del tiempo que se facturó con Somnis y los dos administradores. Los contratos siempre estaban catalogados como menores, sin llegar al los 18.000 euros, para de esta manera evitar el concurso público.
Esta maraña de pagos y familiar es la que llevará a Rius en menos de veinte días a comparecer ante el juzgado para dar cuenta de su gestión al frente del área de Cultura y los pagos del MuVim. La Agencia Antifraude incluso inició una investigación.
Rius reconoció que el procedimiento administrativo no había sido el correcto pero aseguró que de su actuación entendía que no había una consecuencia penal. El hecho es que en 2017 se convocó un concurso para prestar el mismo servicio y la empresa Somnis quedó en quinto lugar.
La reacción del diputado de Cultura al fraccionamiento de los contratos de la asistencia lingüística sigue el mismo plan que con el asunto del MuVim. Rius asume que el programa de pagos no se ajusta a lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público y la solución pasa por la convocatoria de un concurso.
La etapa de Rius en la Corporación provincial ha estado vestida por la polémica. Al MuVim y al plan de normalización lingüística se une la contratación de unos catálogos a una firma meses después de que estos se hubieran ya impresos. El trabajo ya estaba realizado antes de ser cerrado con la imprenta, que después recibió el encargo de manera oficial. El diputado tendrá que responder también por ese asunto, al ser acusado por los populares de malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Otra liebre la levantó el sindicato UGT, que en un comunicado se preguntó quién había pagado unas agendas, cuánto habían costado y quién las había hecho. Un gasto, también como contrato menor, de casi 13.500 euros. Un total de 2.000 agendas pagadas en 2016. Este asunto fue llevado al juzgado por parte del PP y finalmente fue archivado.
La polémica ha sido una constante en la gestión de Xavier Rius en el área de Cultura y el Partido Popular ha puesto la mirilla en el portavoz de Compromís. El próximo 8 de noviembre, Rius se enfrenta a una prueba de fuego para salvar su cometido público.
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