Anticorrupción pide 19 años a Zaplana por el cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat

El cabecilla del conocido como caso Erial es, sin duda, Eduardo Zaplana. La titular de instrucción 8 de Valencia sostiene que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación de Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.

La resolución incluye también a su amigo y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de colaboradores.

El responsable del ministerio público recuerda cómo se inició todo, la denominada hoja de ruta, que eran «cinco hojas a máquina con tachaduras y un recorte de periódico con una noticia de los parques eólicos». Esa documentación permanecía en el despacho del abogado de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa. Se la había entregado el famoso sirio Imad Hadmad Al Naddaf que casualmente vivió en la antigua casa de Zaplana en Valencia. Un inicio de investigación ciertamente rocambolesco.

La Fiscalía relata la compleja estructura que se creó para presentarse a los concursos públicos de las ITV y los parques eólicos y las sociedades en el extranjero donde se traspasaron algo más de ocho millones de euros en sociedades que supuestamente terminaron bajo control directo o indirecto de Eduardo Zaplana y Juan Francisco García.

El ministerio público censura el proceso de privatización de las ITV. «No sólo existió una falta completa de explicación y justificación económica y técnica para entregar el servicio y establecer una canon adecuado sino que la Mesa de Contratación fue copada por los políticos». El presidente era Juan Francisco García. El Plan Eólico también estuvo plagado de irregularidades, según el fiscal. Sólo pretendía dar un «ropaje administrativo para conseguir las adjudicaciones pactadas».

Los parques eólicos se aprobaron ya bajo la presidencia de José Luis Olivas quien recibió 580.000 euros de comisión a través de una sociedad familiar. El expresidente fue condenado en su día por un delito de falsedad documental y fraude.

El grupo Sedesa, dirigido por la familia Cotino, obtuvo 86 millones de euros al vender las empresas que habían resultado adjudicatarias de los procesos amañados. Existen tres estructuras opacas diseñadas por la trama. Una es la de Luxemburgo, con Imison Internacional y Fenix Investments, sociedades donde fueron las comisiones a Zaplana y a su lugarteniente en la Generalitat, Juan Francisco García. Primero las controlaba Joaquín Barceló. En una última etapa, Fernando Belhot, el abogado uruguayo que supuestamente traicionó a Zaplana al desvelar que los fondos eran del expresidente.

En paralelo a las operativas en Luxemburgo, Zaplana y sus colaboradores crean «otra estructura» en Panamá con cuentas en Andorra «para recibir también dinero ilícito». Entre 2004 y 2007, llegan casi diez millones de euros de procedencia desconocida –en su momento se llegó a hablar de comisiones de Terra Mítica–. Parte de este dinero es transferido más adelante a sociedades en Luxemburgo. Otro se pierde en inversiones nefastas. Y todavía quedan 300.000 euros en un depósito en el país vecino.

Una de las operativas utilizadas –siempre según el fiscal– consistió en lo que se conoce como blanqueo por compensación. Se entrega dinero en efectivo en España a alguien que tiene una cuenta en Andorra y posteriormente se hace un traspaso de fondos de un depósito a otro. El dinero se ha ingresado sin que se haya movido de España. Barceló, con este método, recibió más de seis millones de euros. La acusación sostiene que en esta fase Saturnino Suances y la exdiputada Elvira Suances tuvieron un papel activo.

Y, por último, el fiscal relata la creación de otra estructura opaca, en este caso, para el retorno de los fondos en el extranjero. Se trata de diversas sociedades controladas también por Joaquín Barceló que realizan diferentes inversiones y compras, algunas de las cuales son disfrutadas directamente por Eduardo Zaplana, según el relato incriminatorio de la acusación. Entre estas operaciones, figura una beneficios operación en la urbanización de lujo de La Finca, una casa de lujo en Madrid, la compra de un barco, traslados en aviones privados y vacaciones de lujo en yates. De igual modo, se planearon inversiones para la compra de áticos en Altea o incluso adquirir parte del puerto náutico del conocido municipio turístico.

La juez ha dictado esta resolución sin que la Audiencia haya resuelto aún acerca de la instrucción practicada por la titular de Instrucción 8 de Valencia. No es lo habitual, pero en algunos supuestos se aguarda al pronunciamiento de la Sala antes de abrir juicio. La Sala deberá pronunciarse en unas semanas.

Desde hace algunos meses, además, existen vías de comunicación abiertas en las que se negocia una conformidad, un acuerdo con el fiscal a cambio de una rebaja de pena. Uno de los interesados es Juan Francisco García, el que fuera número 2 de Zaplana. Su empresa familiar, Dobles Figuras, aparece como destino final de supuestas cantidades de origen sospechoso. En total, más de dos millones por su presunta participación en la trama delictiva. La petición de pena quizá acelere estas conversaciones, aunque queda mucho margen para la celebración del juicio.