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El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana lleva desde el pasado 22 de mayo privado de libertad. Tras su estancia en el calabozo y su puesta a disposición judicial, el exministro ingresó directamente en la prisión de Picassent. Desde entonces, los cuatro intentos por lograr la libertad del exministro con el argumento principal de que la estancia en la cárcel pone en peligro su vida han resultado infructuosos. Esta sigue siendo la principal prioridad de la familia: obtener la libertad provisional de Zaplana. Y, a partir de ahí, preparar la defensa hacia un previsible juicio. Pero, mientras, la defensa también trabaja en recuperar los vehículos de alta gama que fueron decomisados por la jueza. La representación legal del exministro ha solicitado a la jueza que investiga el asunto la devolución de dos automóviles. Sostienen que, en ningún caso, se pueden incluir entre los bienes sospechosos de ser adquiridos de manera ilegal y han ofrecido motivos suficientes, según su criterio, para que les sean devueltos los automóviles que, al parecer, sigue pagando la propia familia.
Ahora la decisión queda en manos de la instructora. Resulta habitual peticiones de este tipo en grandes operaciones de Anticorrupción. Por ejemplo, Alfonso Rus ha solicitado en varias ocasiones que le devuelvan el Mercedes que le incautaron en su domicilio de Xàtiva.
La jueza que dirige la conocida como operación Erial decomisó una veintena de bienes dentro del entramado que supuestamente diseñó el expresidente de la Generalitat para ocultar sus propiedades. La instructora optó en su día por la figura del decomiso de tal forma que, si el investigado no demuestra la procedencia lícita de las propiedades, no podrán utilizarse para sufragar la responsabilidad civil en caso de una hipotética condena, explicaron fuentes judiciales. La Audiencia, posteriormente, ratificó la decisión de la instructora. El expresidente está investigado por supuestamente recibir comisiones de la familia Cotino a cambio de un trato de favor en diferentes concursos públicos en los que finalmente terminaron siendo adjudicatarios. El cálculo inicial hablaba de diez millones de euros. Pero las acertadas inversiones y operaciones inmobiliarias que realizó el ahora investigado le habrían permitido doblar sus depósitos, según precisaron en su día fuentes de la investigación. Otra de las posesiones que supuestamente ya controla el juzgado es la valiosa colección de relojes de lujo del exministro. Más de una veintena de unidades con precios que, en algunos modelos, sobrepasan sin problemas los 20.000 euros.
El exjefe del Consell aguarda el resultado de diferentes comisiones rogatorias -solicitud de información a otros países- con la esperanza de que podrá obtener entonces la libertad provisional. Anticorrupción alertó del riesgo de fuga y de la destrucción de pruebas para mantener al expresidente en la cárcel. La jueza aceptó la tesis del fiscal. En cualquier caso, tampoco se descarta que la llegada de esos informes suponga la salida inmediata del exministro.
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