El hartazgo de Eduardo Zaplana ante el bloqueo de cualquier diligencia en la investigación del caso Erial ha llevado a su letrado a buscar amparo en la Audiencia. En un recurso durísimo contra la última decisión de la jueza que vuelve a denegarle ... pruebas, lamenta que se esté impidiendo su derecho de defensa y se pregunta qué motivos existen realmente para aceptar alguna de las diligencias con las que el expresidente trata de contrarrestar los indicios incriminatorios de una supuesta fortuna procedente de comisiones por amaños de adjudicaciones.
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La tesis que maneja la representación de Zaplana consiste en que el juzgado ha configurado ya un relato de hechos delictivos y rechaza de plano cualquier intento de introducir variantes o modificaciones en esa «historia oficial», «verdad de artificio» o «verdad fabricada» a la que continuamente se refiere en este recurso a la Audiencia.
Desde noviembre de 2018, la titular de Instrucción 8 de Valencia y la Sala no han concedido ni una sola de las peticiones de prueba del exministro, entre ellas citaciones de testigos, informes y denuncias de la parcialidad del director de la Agencia Antifraude, entre otras cuestiones.
La defensa de Zaplana apunta que existen dos circunstancias que lastran la instrucción desde su arranque. Por un lado, la «idea francamente equivocada» de que el derecho de defensa sólo puede ejercitarse en el juicio. Por otro, el «prejuicio inamovible» de que todo se «interpreta» de acuerdo al refuerzo de esa versión 'oficial' y que contamina cualquier intento de introducir novedades. En algún momento del escrito, va un paso más allá y alude que esa visión preconstituida, en el caso del fiscal, llega a tener «tintes de obsesión». En conclusión, que concepción desemboca en «interpretaciones torcidas del material procesal». Alude el escrito, por ejemplo, a la solicitud de unos informes que constan en una sentencia que localizaron en la base de datos del Cendoj y que la acusación rechaza que se incorporen al sumario.
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Anticorrupción sostiene que el exministro cobró millones de euros en comisiones por el amaño de las ITV y los Parques Eólicos.Esa fortuna la gestionaban supuestos testaferros desde el extranjero. Uno de ellos, Fernando Belhot, confesó el manejo de esos fondos y transfirió siete millones al juzgado. El exdirigente del PP siempre negó tener cuentas en el extranjero y rechazó que ese dinero del abogado Belhot le corresponda. Es más, Zaplana ha pedido que este letrado, con quien se reunía en Madrid, comparezca en el juzgado para prestar declaración. También se lo han rechazado.
Otra de las quejas del exministro hace referencia a la conocida como «hoja de ruta», los papeles que un ciudadano sirio que vivió en el último piso de Zaplana en Valencia entregó en su momento a Marcos Benavent, colaborador de la Fiscalía en la macrocausa de Imelsa. Estos documentos sirvieron como elemento nuclear de las pesquisas. El expresidente sostiene que uno de esos papeles está elaborado en 2008 cuando él ya no vivía allí y resulta por tanto imposible que el hallazgo de todo ese material sea tal y como mantiene la acusación.
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En definitiva, la representación sugiere que lo que persiguen en el juzgado es que avance la instrucción «sin participación de los investigados y procurando no practicar ninguna diligencia que pueda poner de manifiesto la realidad de los hechos y que se estropee la historia preconstituida. Algo tan antiguo como que la verdad no te arruine una bonita historia».
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