Zaplana y Olivas tratan de anular la causa de Erial

La sesión evidenció la existencia de dos grupos entre los acusados. Por un lado, todos aquellos que plantearon nulidades. Encabezados por Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Saturnino Suances -se defiende a si mismo en un tono que destaca por su vehemencia- y su hermana la exdiputada Elvira Suances junto a la secretaria personal Mitsuoko Henríquez. Todos ellos se esforzaron, sin duda, por exponer diferentes vulneraciones de derechos fundamentales. En algún caso incluso los abogados efectuaron una exposición más propia de la fase de informe que en una cuestión previa. El tribunal se vio obligado a reconducirlos en diferentes ocasiones.

Pero también hubo silencios y fueron estos, sin duda, los más significativos. La nula participación de las defensas de Vicente y José Cotino, los empresarios de Sedesa, del supuesto testaferro Joaquín Barceló y de Juan Francisco García, el que fuera mano derecha de Zaplana en la Generalitat, anticipa la existencia de acuerdos de conformidad con estos procesados, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS.

De hecho, la defensa de Barceló, amigo de la infancia del exministro y presunto hombre de paja en el entramado, sólo pidió adherirse a la petición del fiscal de archivar la causa contra su mujer. La esposa figura en el auto de apertura de juicio, pero no es acusada por el fiscal. En su entrada al juzgado, al preguntarle directamente a Barceló por esta posibilidad de confesión, declaró: «Tengo que decirlo dentro». No parece este acusado familiarizado con los regates dialécticos.

Estos cuatro procesados han dado un paso más, con su posición de este jueves, a materializar el acuerdo con Anticorrupción. Se trataría de un reconocimiento de los hechos a cambio de una rebaja de pena. Este pacto sería sustancialmente beneficioso para alguno de los acusados ya que tendrían penas inferiores a los dos años de cárcel. Es decir, no ingresarían en prisión. El día clave para que se desvele este acuerdo, o el principio de estos pactos, será el próximo 10 de abril, día fijado para la declaración de Barceló.

Las defensas de los principales acusados han planteado cuestiones relativas a la competencia, por ejemplo, el hecho de que los delitos que se van a enjuiciar en Erial se cometieron en su práctica totalidad en el extranjero y, por tanto, debería ser competencia de la Audiencia Nacional y no de la de Valencia. Se trata de una idea que ya fue planteada y resuelta por otra sección de la Audiencia. Si el dinero se camufla en sociedades extranjeras y se hace circular por Andorra, Uruguay... «Aquí no se ha blanqueado ni un solo euro», indicó el letrado de Zaplana. Por otro lado, según su interpretación de la tesis del fiscal, el cohecho se materializó en Luxemburgo y en Andorra.

El fiscal, en cambio, lo analizó desde una óptica diferente. «El dinero se paga aquí con independencia de dónde se lleve». La transferencia de los fondos no determina que el ilícito se produzca en Luxemburgo. Fue aquí, en Valencia, donde se materializa el concierto. Y también donde se producen las adjudicaciones fraudulentas.

El tribunal desestimó la petición y adelantó que expondrá la fundamentación de esta posición en la sentencia. No parece, sin embargo, que este planteamiento albergue un gran recorrido. Otros capítulos se han resuelto de forma idéntica: se continúa con el juicio a la espera de lo que se dicte en la sentencia.

En este sentido, destaca la petición de nulidad por el registro del despacho del primer abogado de Marcos Benavent. Se trata de una actuación sobre la que la defensa de Zaplana siempre ha situado el foco de las irregularidades al efectuarse sin el suficiente amparo legal. El fiscal, en cambio, ha sostenido que la doctrina del hallazgo casual es perfectamente válida. «¿Qué iba a hacer la Guardia Civil? ¿Cerrar los ojos ante un delito?». El ministerio fiscal ha explicado que el juzgado de Instrucción 18 envió el caso al decanato para su reparto y de ahí llegó al Juzgado de Instrucción número 8, que abre la investigación que ahora ha desembocado en este juicio.

La Fiscalía llamó la atención acerca de que los letrados están defendiendo derechos ajenos porque el propietario del despacho, el abogado de Marcos Benavent, nunca alegó esa vulneración de derechos. Además, en aquel registro estuvo presente el decano del Colegio de Abogados, tal y como ocurre en estos supuestos.

El letrado de Olivas, por su parte, no entiende cómo su representado está sentado en el banquillo y no están los representantes de las empresas que se beneficiaron con las adjudicaciones. Pero esta cuestión también ha sido rechazada. La defensa alega ahora «cosa juzgada» para dejar a su cliente fuera del procedimiento. Recordemos que Olivas ya fue condenado en su momento por falsedad al utilizar una factura falsa para pagar menos a Hacienda. Era la misma cantidad que ahora se sostiene que es una mordida y, por tanto, se trataría de un cohecho. En aquel fallo, la sentencia no aclaró el concepto de aquel abono, pero sí insinuó que se trataba de «un motivo inconfesable». Y, por último, sostiene que los delitos, la prevaricación y el cohecho, han prescrito. Aspectos que tal y como explicó el presidente del tribunal no se pueden resolver en este momento sino que exigen un análisis más reposado y una vez expuestas todas las pruebas y declaraciones. Fue un primer día intenso. Quedan meses por delante.