El escrito de defensa de Eduardo Zaplana remitido este jueves al juzgado de instrucción número 8 de Valencia solicita, entre otras diligencias, que se remitan al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil los documentos originales incautados en el despacho del letrado Sr. Blasco Morales « ... a efectos de detectar en dichos documentos restos lofoscópicos, biológicos o genéticos atribuibles o compatibles» con el expresidente y exministro.
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Los documentos en cuestión son conocidos como los «papeles del sirio», en alusión a que fue un ciudadano de esta nacionalidad el que le habría hecho entrega al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, conocido como el 'yonki del dinero' de unos documentos que habría encontrado escondidos en una vivienda en la que habría residido el exlíder del PP valenciano. Esos documentos están considerados como la «hoja de ruta» del supuesto amaño de las licitaciones por la Generalitat de las adjudicaciones del Plan Eólico y las ITV, así como del presunto cobro de comisiones ilícitas en el conocido como caso Erial.
Y lo que solicita la defensa del expresidente del Consell es que se realice un análisis de los documentos con el objeto de comprobar si existe algún tipo de rastro lofoscópico -huellas digitales- o de otro tipo vinculables al propio Zaplana. La defensa del exlíder del PP pretende demostrar que no existe ese rastro y que, por lo tanto, el documento en cuestión no habría pasado por las manos del exministro.
Los papeles aportados en su día por este ciudadano sirio acabaron resultando claves en la investigación. Los especialistas siempre habían tenido la sospecha de que Eduardo Zaplana había cruzado la línea de la legalidad, pero fueron estos papeles que entregó el exgerente de Imelsa lo que permitió a unos sorprendidos agentes de la UCO averiguar y entender la enrevesada estructura societaria que había creado el expresidente. Unos documentos en los que, según los investigadores, se observaría una connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, vinculada a la familia Cotino.
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La defensa de Eduardo Zaplana proclama que el exministro nunca ha tenido sociedades ni cuentas bancarias fuera de España.
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El escrito de defensa proclama que Zaplana «no obtuvo ninguna dádiva o ventaja patrimonial derivada de un proceso de adjudicación de estaciones de ITV, en el que (…) ni intervino, ni influyó, ni conoció en sus detalles técnicos y económicos». Tampoco «tuvo intervención alguna en el proceso de selección de proyectos de parques eólicos, cuya aprobación se produjo incluso cuando él ya no desempeñaba cargo alguno en la Comunidad Valenciana».
Además, recuerda que de acuerdo con sus declaraciones anuales del IRPF del periodo 2001 a 2017, «los ingresos provenientes de los rendimientos del trabajo de don Eduardo Zaplana ascendieron a 8.204.722,23 euros y los de su mujer, doña Rosa Barceló, a 1.465.925,64 euros, sumando en conjunto 9.670.647,87 euros. Por tanto, la media anual de ingresos provenientes de sus respectivos trabajos en dicho periodo ascendió a 568.861,64 euros».
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