Zaplana pide que el exconseller Such declare ante la jueza por la adjudicación de las ITV

Ofensiva judicial del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana para desligarse de cualquier participación directa o indirecta en los dos procedimientos bajo sospecha en el caso Erial: la adjudicación de los parques eólicos y la privatización de las ITV´s. Anticorrupción y la jueza de Instrucción 8 de Valencia sostienen que recibió jugosas comisiones a cambio de que se amañaran los servicios a favor de determinadas empresas.

La Agencia Antifraude elaboró en su día dos periciales -las primeras desde su creación- en las que cuestionaba el procedimiento seguido en ambos procesos. La defensa de Zaplana ha pedido la comparecencia del que fuera conseller en su Gobierno, Diego Such. Fue el máximo responsable de Empleo, Industria y Comercio y, según los dosiers de Antifraude, quien licitó, aprobó el pliego y resolvió sobre la adjudicación de las estaciones de control de vehículos.

De igual modo, reclama la comparecencia de otros altos cargos del departamento autonómico como el que fuera secretario general, José Antonio Manteca. Este hombre designó la comisión de estudio de las ofertas presentadas y firmó los contratos de explotación del servicio público de las ITV. Además, dictó la resolución por la que se somete a información pública el Proyecto de Parque Eólico de la Comunidad Valenciana.

La petición de convocatorias se completa con un miembro de la mesa de contratación y otros dos máximos responsables de Industria, José Monzonís, director general, y un jefe de área que, siempre según los dictámenes de Antifraude, preparó dos versiones de un informe sobre las propuestas de adjudicación del plan eólico.

Esta serie de diligencias -ahora la jueza deberá decidir si las acuerda- pretenden demostrar que el expresidente no disponía de la capacidad de adjudicar en los dos procesos bajo sospecha. Pero no son las únicas propuestas de Zaplana para el avance de las pesquisas. El expresidente ha propuesto la citación del abogado uruguayo Fernando Belhot, que la Fiscalía Anticorrupción considera el testaferro del patrimonio del exministro.

Belhot, tras un acuerdo de colaboración con la jueza y la Fiscalía, transfirió cerca de siete millones de euros desde una cuenta en Suiza al juzgado de Valencia. El colaborador indicó que eran fondos pertenecientes a Zaplana quien, sin embargo, desde el inicio de las actuaciones -pasó casi nueve meses en prisión provisional- ha negado tener dinero o cuentas en el extranjero. La única declaración hasta la fecha del ideólogo financiero se efectuó cuando la causa estaba bajo secreto y, por tanto, sin que el resto de partes pudieran interrogar. La defensa del exministro pretende profundizar en algunos aspectos de esa primera comparecencia. Además, reclama al juzgado que acuerde la citación de otros testigos quienes, siempre según el escrito de su abogado, recibieron fondos de transferencias ordenadas por el propio Belhot.