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Francisco Javier Cañizares era el último 'zombie' sin sentencia. Su breve intervención en el juicio contra Alfonso Rus y Máximo Caturla podría formar parte de ... la hemeroteca de despropósitos judiciales. El acusado se levantó para revelar al tribunal que quería otro abogado, que el suyo se lo había pagado el PSPV y que le presionaban para que dijera algo que él no estaba dispuesto a admitir. Fue así: «Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada. Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento».
En aquel momento estaba representado por el despacho de cabecera del partido socialista. El tribunal pudo optar entre suspender el juicio o apartar a este acusado. Optó por la segunda opción, algo que ya se hizo, por ejemplo, en el caso Emarsa. La letrada, lógicamente, abandonó la defensa de este hombre. Lo más sorprendente del caso fue que su letrada había alcanzado un acuerdo de conformidad como el que ha terminado aceptando.
La Audiencia ha celebrado este miércoles el juicio contra Cañizares. La vista ha sido breve porque el acusado había anunciado su intención de conformarse. Un final más que previsible porque la Audiencia ya dictaminó en su momento el carácter delictivo de estos hechos referidos a otros acusados que, como él, cobraban de la antigua Imelsa sin que desempeñaran ningún trabajo.
El hombre ha reconocido la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad, tal y como hicieron otros arrepentidos. Entre los condenados destaca el que fuera jugador del Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, o el extestaferro de Marcos Benavent, el yonki del dinero, José Estarlich.
Además, Cañizares deberá devolver 108.000 euros, una cantidad significativa. El modo de pago de esta indemnización se determinará en la fase de ejecución de sentencia. Se trata de la misma pena a la que llegaron todos los zombies que confesaron esta práctica ilegal que tanto Alfonso Rus, como presidente de la Diputación de Valencia, como Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa, permitieron en las respectivas empresas públicas para colocar, fundamentalmente, a personas de afinidad política. Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel por estos hechos. El primer reproche penal para el expresidente de la Corporación.
Cañizares estaba adscrito al diputado Toni Gaspar. El dirigente socialista aseguró que una había trabajado para él y lo más sorprendente es que cuando dejó de estar de consejero de Imelsa -fue una etapa inferior al año- este asesor continuó. Lo lógico hubiera sido que cesara al mismo tiempo que el alto cargo de quien depende.
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