Uno de los 'zombies' de Imelsa asegura ahora que trabajaba en la Diputación

El juicio que indaga sobre un nuevo 'zombie' en la empresa pública Imelsa arrancó ayer con una primera sesión en la que la fiscalía evidenció contradicciones en los testimonios de los acusados. Desde el ministerio público se apuntó que los dos exdirigentes del PP investigados, el exalcalde de Quartell Francisco Huguet y el exconcejal Emilio Máñez, que se enfrentan a una petición de condena de 6 años de prisión, colaboraron para que el exedil cobrara una nómina de la administración sin desempeñar el cometido para el que fue contratado.

El fiscal recordó que Máñez llegó a declarar en la fase de instrucción, que tuvo lugar en un juzgado de Sagunto que investiga la trama Avialsa aunque el caso ahora se juzga en la Audiencia Provincial, «que nunca estuvo contratado por Imelsa» pese a que hay constancia de diferentes contratos que así lo acreditan. Pero durante el transcurso de la sesión de ayer, el propio Máñez indicó que sí formó parte de la firma, a la que accedió en 2003 gracias a un contrato como coordinador de los brigadistas forestales pese a no tener una formación específica para el puesto. Un puesto en el que apenas duró unos pocos días, según el propio acusado, ya que fue trasladado al área económica de la Diputación de Valencia, de la que depende Imelsa, para revisar documentación relacionada con esta sociedad. Ese departamento estaba encabezado por Huguet, amigo personal del exconcejal y persona a la que había asesorado la legislatura anterior. Esta situación hace sospechar no solo de un caso de enchufismo sino de que se habrían realizado trabajos de asesoramiento político por parte de un cargo público que tenía atribuida otra función muy distinta.

Máñez insistió durante la declaración que «iba todos los días a trabajar» pero no a las instalaciones de Imelsa sino a la Diputación de Valencia y en concreto al área que encabezaba el exalcalde de Quartell. Hacía «trabajos parecidos» al de un asesor sin serlo afirmó el exconcejal, que llegó a admitir no tener «mucho conocimiento» para el puesto original de su contrato y consideró que por eso fue trasladado. Máñez subrayó que creía que este asunto se arreglaría por comisión de servicios y sentenció que en 2007 le despidieron «como a muchísima gente» tras haber cobrado 61.626 euros en salarios y 13.341 de finiquito, cantidades que se reclaman a ambos en concepto de responsabilidad civil.

Huguet confirmó en su declaración que nunca influyó para que Mañez fuera su asesor, ya que esta era una responsabilidad que recaía en el partido, y mucho menos que presionase para que le contratasen en Imelsa. «¿Entonces fue una sorpresa para usted encontrarse con Máñez como asesor, no?», preguntó el fiscal a Huguet. El exalcalde de Quartell sí admitió, ante las preguntas del ministerio público, que el cargo que ocupó el que era su compañero de partido y amigo no existía con anterioridad y que sus funciones «las hacían todo el servicio general».

Tras el turno de los acusados llegó el momento de las declaraciones de los testigos. Uno de los dos policías nacionales que testificó en el juicio, a través de videoconferencia, remarcó que Máñez cobró de Imelsa sin acudir siquiera a trabajar y agregó que tanto él como Huguet fueron investigados por blanqueo. El otro policía nacional respaldó la teoría de su compañero y aseguró que Máñez no contaba «con una cuenta de usuario, correo electrónico o teléfono asociado» en los registros de Imelsa.

Rafa Soler, exdiputado provincial del PP y gerente de Imelsa de 1999 a 2005, admitió que contrató a Mañez como brigadista pero que ejerció el traslado en otro departamento «porque creía que era más útil». Además, incidió en que nunca recibió órdenes para fichar al exconcejal aunque no supo responder a las preguntas del fiscal de por qué nunca se cambió el contrato de Máñez para reflejar sus verdaderas funciones pese a que se llegaron a firmar hasta tres prórrogas.

Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero' y gerente de Imelsa de 2007 a 2014, también acudió a declarar y subrayó que como Máñez, tuvo que despedir a «otras 80 personas». Entre ellas, «había gente que no iba a trabajar» incidió Benavent, que apostilló que era una práctica regular el enchufismo y que hubiera gente contratada en la empresa pública que en realidad ejercían como asesores políticos.