Los abogados de Alzira ven ridículo que sólo haya 116.000 euros para el Palacio de Justicia

El Palacio de Justicia de Alzira parece haberse convertido en un proyecto casi imposible de verse concretado para solucionar los problemas del sector, no sólo en la ciudad sino en toda la comarca de la Ribera. El hecho de que el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el próximo año 2020 contemple una partida de únicamente 116.000 euros ha indignado a los sectores que más reclaman la construcción de esta infraestructura, que ha sido prometida, hasta ahora sin éxito, por gobiernos autonómicos de diferente color.

Agustín Ferrer, decano del Colegio de Abogados de Alzira, calificó de «ridícula» una cantidad que en ningún caso va a suponer ayuda alguna para el inicio de las obras sino que únicamente servirá para llevar a cabo algún estudio. De este modo, la primera consecuencia será que las obras de la instalación no comenzarán al menos hasta 2021 y eso en el caso de que las cuentas de ese año contemplen una cantidad digna que ya indicara que se va a acometer este proyecto.

«116.000 euros cuando estamos hablando de un proyecto que tiene un presupuesto de unos diez millones...», se lamentó Ferrer, quien, sin embargó, se mostró confiado en la palabra de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien en alguna reciente reunión les manifestó su intención de que este proyecto se lleve a cabo cuanto antes.

«Es cierto que el proyecto se mueve y se anuncia pero no se dota con la cantidad necesaria», siguió explicando el representante de los letrados, quien insistió en definir el Palacio de Justicia como «una necesidad vital, no sólo para la ciudad de Alzira, sino para los 23 municipios del partido judicial».

Y es que la división de las actuales instalaciones judiciales en varios edificios acarrea muchos problemas. Uno de ellos, como ya denunció recientemente LAS PROVINCIAS, es el de la falta de seguridad

Así, el sindicato CSIF anunció que iba a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la «inseguridad» que sufre «el personal funcionario destinado en los Juzgados de Alzira». CSIF detalló estas «situaciones violentas» y explicó que «uno de los presos que allí estaba esperando se arrojó por las escaleras; otro señor empujó a un usuario también por las escaleras».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explicó que, a causa de esta situación, «el personal funcionario no puede realizar su labor en funciones óptimas». Señaló que las causas que entorpecen su labor comienzan «por la contaminación acústica, que es gravísima, ya que prácticamente a diario, en los pasillos y descansillos de este edificio se aglomeran más de 50 personas. Las voces, discusiones e insultos llegan hasta dentro de los oficinas». El sindicato subrayó que, al factor de la contaminación acústica se suma que, en estas dependencias judiciales ubicadas en la Ronda de Algemesí, «se vienen produciendo situaciones violentas entre el público que allí espera la celebración de su juicio o su declaración, que denotan una falta absoluta de seguridad».

El hecho de que en este edificio, prácticamente igual de antiguo y falto de condiciones que el existente en la plaza del Sufragio, exista el registro civil puede ser un factor para que se acumule mucha gente y se genere esta contaminación acústica que no permite trabajar en condiciones a los trabajadores de la administración de justicia.

Además, continuaron explicando las mismas fuentes, «ante la encarnizada discusión, con toda clase de insultos, de otras personas, una de las magistradas de la sede tuvo que salir a mediar ante la imposibilidad del único vigilante de seguridad de sofocar solo la discusión».

El sindicato recordó que «los puestos de las magistradas que allí realizan sus funciones están catalogados de riesgo».

Como posible solución propusieron «crear, si fuera necesario, una sala de espera, con vigilancia continua, donde los usuarios puedan esperar su turno de intervención. De esta forma no entorpecerían el funcionamiento ordinario del Juzgado ni con contaminación acústica ni poniendo en peligro la seguridad de los funcionarios».

Por otra parte, Ferrer también se mostró en desacuerdo con el diseño que les han mostrado del futuro Palacio de Justicia que contempla un espacio menor del que requieren sus necesidades como el servicio de orientación jurídica, espacios para las togas de los letrados y ordenadores para los abogados que vengan de otras zonas. Ferrer afirmó que el espacio que les han reservado es «exiguo» y no les permitiría impartir en condiciones óptimas servicios como los de mediación para la resolución de conflictos.

El letrado agradeció la cesión de espacios por parte del Ayuntamiento de Alzira y pidió celeridad a la Conselleria después de que el Consistorio haya concretado ya la cesión de terreno a la Generalitat.

También lamentó la salida del Juzgado de lo Penal, «algo que nunca debiera haberse producido».