La alcaldesa de Algemesí, convencida de su inocencia ante la querella de la tesorera

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano (PSPV), se mostró convencida de que su actuación en la causa de la tesorera, Cristina Serrano, ha sido la correcta. La primera edil, junto a su socio de gobierno, el concejal Pere Blanco (EU), responsable del área de Informática, están citados a declarar el próximo 30 de enero en el juzgado 2 de Alzira acusados de un presunto delito de revelación de secretos.

La tesorera les acusa de acceder al ordenador que usaba en el ayuntamiento de Algemesí durante su jornada laboral y donde, presuntamente y según la versión del gobierno municipal, podría haber pruebas de un uso inadecuado de los medios públicos. La tesorera no se encontraba presente en el momento en que se accedió a su ordenador, lo cual le ha llevado a la interposición de esta querella.

Como informó ayer LAS PROVINCIAS, la admisión a trámite de esta denuncia contra Marta Trenzano y el edil Pere Blanco paraliza el proceso que el Consistorio inició ante la Dirección General de la Administración Local para discernir si la tesorera había usado medios municipales y su tiempo de trabajo en cuestiones ajenas al propio Ayuntamiento de Algemesí en el que trabaja, aunque actualmente lleva varios meses de baja. Su reincorporación está prevista para después de las fiestas navideñas.

«Estoy muy tranquila. No hemos hecho nada fuera de lugar», declaró la alcaldesa de la ciudad en manifestaciones efectuadas ayer a LAS PROVINCIAS. Negó que hayan revelado secreto alguno y añadió que no cree que la denuncia contra ella y contra Blanco tenga mucho recorrido: «Lo único que queríamos era averiguar si esta persona, y así nos parece por documentos que hemos encontrado en fotocopiadoras del Ayuntamiento, usaba el ordenador del Ayuntamiento, no un ordenador personal suyo, y tiempo de trabajo para realizar diferentes labores con empresas totalmente ajenas al Consistorio».

La querella interpuesta por Serrano «es una manera de defenderse atacando al paralizar el proceso de la Dirección General de Administración Local», señaló Trenzano, quien explicó que el objetivo de la investigación iniciada por el Ayuntamiento «es lanzar el mensaje de que ni los políticos ni los trabajadores públicos pueden hacer lo que les dé la gana. Lo más cómodo para nosotros tal vez hubiera sido mirar hacia otro lado pero esas cosas no se pueden hacer por respeto a sus compañeros de trabajo».

Trenzano continuó explicando que se trata de «una cortina de humo porque lo realmente grave es lo que ella ha hecho» y agregó que Pere Blanco no estaba presente cuando se revisó el ordenador que usa la tesorera.

Así, puso de manifiesto que existe un informe del delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, quien también está citado a declarar el próximo 30 de enero ante el juzgado 2 de Alzira, en el que se apoya el comportamiento del equipo de gobierno y de ella como cabeza visible. Trenzano recordó que antes de la celebración del pleno en que se aprobó, con la única abstención del PP, pedir a la Dirección General de Administración Local que iniciara un expediente por el comportamiento de la tesorera, informó a los grupos de la oposición del vaciado del ordenador de la trabajadora y de lo que habían encontrado en el mismo.

Finalmente, descartó que esta querella pueda tener consecuencias políticas sobre todo cuando ya se ha dado a conocer que ella será la aspirante a la reelección por parte del PSPV en las elecciones municipales del próximo mes de mayo: «Los políticos estamos sometidos a cierta indefensión porque los jueces, y me parece bien para que se aclaren las cosas, lo admiten todo a trámite. Pero en este caso no estamos hablando de ninguna situación presuntamente irregular de corrupción que pudiéramos haber cometido como alguna apropiación o similar». Trenzano señaló que nadie de su partido se ha puesto en contacto con ella con respecto a esta cuestión por la que, en algo más de un mes, deberá comparecer ante la justicia.

Por su parte, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad, José Javier Sanchis, afirmó que pedirán toda la documentación existente sobre este caso «y si se han hecho cosas de manera incorrecta pediremos las correspondientes explicaciones».