Almussafes actualiza el censo de perros peligrosos

La Unidad de Protección Animal y de Medio Ambiente (UPAMA) de la Policía Local de Almussafes ha iniciado una campaña informativa y de localización con el objetivo de actualizar el censo de perros potencialmente peligrosos, una tarea de obligado cumplimiento y con la que se busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y el bienestar de los propios canes.

Según el Registro oficial para la inscripción de los animales de carácter supramunicipal (RIVIA), en Almussafes hay 78 perros potencialmente peligrosos. Sin embargo, en el censo de la población tan solo aparecen 14. Además, en este listado de carácter autonómico se recogen animales que fueron dados de alta hace ahora veinticinco años, en 1996, por lo que los y las agentes del cuerpo policial consideran que muchos de ellos ya habrán fallecido.

“La tenencia de perros domésticos exige el cumplimiento de una serie de requisitos y la realización de unos trámites que, como no puede ser de otra forma, son mucho más estrictos en el caso de los perros potencialmente peligrosos. Por el desconocimiento de esta normativa o por la cantidad de documentación necesaria para inscribir y posteriormente dar de baja a las mascotas legalmente en muchas ocasiones no se cumple, con los peligros que ello conlleva”, afirma el concejal de Seguridad Ciudadana y Bienestar Animal, Jaime Wic.

Para asegurar el cumplimiento de la ley y de la ordenanza municipal que regula esta cuestión, UPAMA está contactando personalmente con las personas que aparecen como propietarias de este tipo de perros, tanto en el RIVIA como en el censo municipal, registros en los que obligatoriamente debe constar toda la documentación relativa a los animales y sus responsables. “Cada año se registran en el RIVIA unos 4 o 5 perros peligrosos pero en muchos casos sus propietarios no completan el proceso legal con la solicitud de la licencia obligatoria de tenencia, una situación que queremos revertir y para lo que pedimos colaboración a la ciudadanía”, comenta el edil, quien recuerda que, según la ordenanza en vigor, “la no regularización de estos datos puede sancionarse con multas que oscilan entre los 800 y los 5.000 euros”.