Alzira cifra la cantidad que tendrán que pagar las viviendas por el 'basurazo'

El Ayuntamiento de Alzira celebrará un pleno extraordinario lunes, 21 de octubre, donde se plantearán modificaciones en dos tributos municipales y se modificará el contrato del servicio integral de limpieza urbana

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de las directivas europeas sobre residuos, establece una tasa local obligatoria para todos los municipios españoles. La directiva europea de la que deriva dice que debe ser una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales.

El Ayuntamiento de Alzira ha establecido que esta tasa para las viviendas en 2025 será de 96,32 euros, mientras que a cada local se aplicará un coeficiente en función del uso y actividad, de las fracciones potencialmente generadas, cantidad generada, y la superficie o alojamiento en el caso de actividades económicas.

Sobre la cuota tributaria, tendrán derecho a una bonificación del 50% los obligados al pago que acreditan encontrarse e una situación de vulnerabilidad social y que perciben la renta valenciana de inclusión. En el momento en que el sistema de recogida de residuos lo permita, la ordenanza prevé que se podrán tener en cuenta las buenas prácticas de reducción o de separación y recogida separada, con el objetivo de incentivar la correcta separación de residuos.

Todo este servicio de residuos tiene un coste en Alzira de 2.606.659,35 euros, la mitad de esta cantidad que actualmente estaba siendo costeada por el presupuesto municipal pero ahora se debe repercutir en los recibos a los vecinos.

En el mismo pleno se tratará también una modificación del contrato del servicio integral de limpieza urbana para adaptarse a lo previsto en las directivas europeas y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta modificación busca avanzar para el cumplimiento de los objetivos marcados en la recogida y tratamiento separado de materia orgánica y en la potenciación y mejora de la cantidad de fracciones selectivas recogidas de forma separada.

Así, se incluyen mejoras como son la tecnología que permita la identificación de los usuarios en la recogida de la materia orgánica, contenedores y cubos domiciliarios para la materia orgánica, recogida de contenedores de las fracciones selectivas, recogida grandes productores de materia orgánica, y educación ambiental.

Asimismo, en el pleno extraordinario también se tratará la modificación de la ordenanza que regula el impuesto de bienes inmuebles, que tendrá novedades. La primera es que el tipo de gravamen general se reducirá del 0,73% al 0,693%. Es decir, la reducción será del 5% y se reducirá así el impacto impositivo sobre los contribuyentes. El objetivo de esta disminución es aliviar el impacto que supondrá la nueva tasa de residuos en la economía de las familias, a la vez que se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos.

Precisamente, el PP de Alzira había realizado esta propuesta para reducir el gasto de las familias. El grupo de la oposición había solicitado al equipo de gobierno una revisión y reducción de la tasa sobre el Impuesto de Bienes Urbanos (IBI) que ha sido anunciada para el próximo pleno extraordinario.

La segunda modificación del impuesto de bienes inmuebles incorpora la posibilidad introducida por la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, de establecer un recargo por viviendas desempleadas con carácter permanente de grandes tenedores de viviendas. El objetivo es, a través de la fiscalidad, incentivar la movilización de viviendas vacías para ampliar la oferta de vivienda de alquiler y contribuir así a optimizar el uso del parque edificatorio residencial.

Este recargo, del 50 por ciento, afectará a las viviendas desocupadas con carácter permanente durante más de dos años que pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial, salvo causas justificadas de desempleo temporal tasadas por la ley. Este recargo se podrá incrementar hasta el 150% en función de la duración del desempleo y del número de viviendas desempleadas del mismo titular en el término municipa

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