El Ayuntamiento de Castelló de Rugat condenado por no visar el proyecto de instalación solar de una ingeniera agrónoma

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valencia ha dado la razón a una ingeniera agrónoma que certificó una instalación solar fotovoltaica en Castelló de Rugat, avalando su competencia para firmar proyectos de este tipo para cubiertas de edificios.

En la sentencia, la titular concluye que «no concurre motivo que permita vedar a los profesionales con titulación de ingeniero agrónomo la redacción del proyecto para una instalación fotovoltaica como la de autos», así como que «cuenta con la capacidad profesional para este cometido» y, condena, por tanto, al Ayuntamiento a las costas del juicio.

La ingeniera agrónoma tras no contar con visado del Ayuntamiento, presentó un recurso de reposición adjuntando la jurisprudencia que había al respecto y que avalan que es competente para la certificación, puesto que otros ayuntamientos han visado los proyectos sin ningún problema.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, que ha asistido y apoyado a esta ingeniera agrónoma, explican con este recurso, tanto el arquitecto municipal como los responsables políticos tuvieron la oportunidad de rectificar su decisión, «pero sorprendentemente, ni siquiera respondieron, por lo que no dejaron otra opción a la ingeniera que acudir a los tribunales».

El decano del Colegio Oficial, Joaquim Aguilella califica de «vergonzosa» la actitud del Consistorio, que decidió litigar «a pesar de todas las evidencias alegadas y la abundante jurisprudencia en contra».

«Estamos hartos del abuso de poder de algunos técnicos municipales, que juegan con el trabajo de los demás con total impunidad. Se debería poder hacer algo al respecto contra aquellas personas que perjudican a profesionales al enrocarse en argumentos insostenibles», asegura.

Es más, anuncia que dada la firmeza de la sentencia, los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, están en fase de preparación de acciones penales contra el técnico municipal y la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios causados a su colegiada.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Antonio Esquinas, dice no haber tenido conocimiento aún de la sentencia por lo que no puede referirse a la misma, pero defienden que han actuado atendiendo a la legalidad. «No tenemos ningún interés persecutorio, nuestro interés siempre ha sido proteger la legalidad y hay también jurisprudencia que nos da la razón y sólo reconoce como competentes para estos proyectos a ingenieros industriales y eléctricos», apunta el primer edil.

Asegura que no han entrado ni entrarán en valorar el proyecto, «es solo una cuestión del profesional que puede firmarlo» y apunta que esperarán a conocer la sentencia para valorar las acciones y que si consideran que es suficientemente clara al respecto no tendrán ninguna objeción.

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