Las cuentas pendientes de la pantanada de Tous

41 años han pasado desde que la antigua presa de Tous se desmoronara e inundara la Ribera del Júcar causando muerte y destrucción a su paso. El 41 aniversario de esta fatídica fecha no será tan conmemorada como el 40 que tuvo lugar el año pasado y que congregó a autoridades y cientos de personas en el Magatzem de Ribera en Carcaixent. Un gran evento para recordar aquel 20 de octubre de 1982 que los vecinos de la Ribera nunca podrán olvidar.

En este acto se anunció que la Generalitat estaba trabajando para condonar los préstamos del Instituto de Crédito Oficial, ICO, que todavía están pendientes de pago por algunos damnificados. Unos procesos que han derivado en pleitos y que están suponiendo graves problemas a estas personas, algunas muy mayores o a sus herederos. A principios de este año la Conselleria de Hacienda, encargada de este tema, anunció que quedaban unos 30 préstamos pendientes y que el Consell se haría cargo de las cantidades para poder cerrar este capítulo.

Sin embargo, ha pasado un año más, y ya van 41, y todavía no se ha conseguido acabar con este problema que mantiene la herida de la pantanada abierta. «Seguimos esperando la resolución, no se nos mostró por escrito el acuerdo verbal al que se llegó», explica el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, que ha estado presente en las reuniones con Hacienda.

En varias ocasiones, tanto en encuentros con los profesionales que defienden a los afectados como a través de los medios de comunicación, el exconseller de Hacienda, Arcadi España, señaló que se iban a condonar estas deudas pero según los abogados se siguen ejecutando en el juzgado e incluso el ICO subasta bienes de los afectados para hacerse con las cantidades pendientes.

«Ya queda poca gente pero los que no han conseguido ganar los procesos en el juzgado están esperando la resolución del Consell para acabar con esto», apunta Ferrer. Los abogados han solicitado una reunión con los nuevos responsables de Hacienda para conocer el estado de la posible condonación para que no se quede de nuevo en el olvido este problema que se arrastra desde hace cuatro décadas.

Hacienda afirmó que se haría cargo de las cantidades que no se condonaran en caso de personas vulnerables e incluso se puso a disposición de los ciudadanos unos teléfonos para informar y que nadie se quedara fuera de este trámite. Poco antes de las elecciones de mayo, desde la conselleria aseguraron a LAS PROVINCIAS que el Institut Valencià de Finances estaba a punto de iniciar los pagos de estas deudas pero los afectados siguen sin tener noticias.

Cabe recordar que la condonación de estas deudas ya se prometió mucho antes, el ministro de Economía y Hacienda de 2008 mostró su posición favorable a perdonar el 100 % de los intereses básicos más los de demora acumulados pendientes de devolución y la baja en los saldos menores de 1.500 euros de estos préstamos. Asimismo, declaraba fallidos los créditos de las personas que carecieran de recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones. Sin embargo, esta promesa del Gobierno de aquella época no se materializó y las reclamaciones judiciales siguen llegando a los afectados hasta el momento, más de cuatro décadas después.

Uno de esos afectados que quedaron aliviados cuando el president Puig y el conseller de Hacienda, Arcadi Espadas, se comprometieron a condonar el préstamo hace un año en Alzira fueron los padres de Salvador Escribà. Esa tranquilidad se ha ido diluyendo a medida que han pasado los meses y la promesa no se ha materializado. "Es vergonzoso que se persigan a personas de 80 años, que reciban un requerimiento judicial con amenazas de declararlo en rebeldía procesal, pidiéndolo el doble del dinero que recibieron por una desgracia de la que no tienen culpa y de la que el Estado es el responsable subsidiario porque la presa es de su responsabilidad", manifiesta Salvador.

Insiste en el sentimiento de "indefensión e injusticia" que siente sus padres y él mismo después de 41 años ya desde que ocurrió la desgracia que, apunta, "afortunadamente no nos dejó ningún trauma a nivel psicológico", pero que ahora les mantiene en esta incertidumbre. "Aún no se ha embargado porque apostamos por defendernos legalmente, pero mis padres siguen sintiendo la espada de Damocles sobre su espalda", subraya.

Salvador asegura que hasta julio del año pasado, no habían recibido ninguna notificación ni requerimiento previo al respecto. "Cuando mi padre recibió vía acuse de recibo el requerimiento de más de cien folios con la amenaza de declararlo en rebeldía procesal, por poco le da algo".

La deuda inicial nunca ha dejado de crecer y en estas cuatro décadas, debido a los intereses, se ha duplicado. El juicio aún no ha salido y mientras tanto esperan ganar tiempo para ver si la administración cumple con su promesa.

"Es duro de entender la situación cuando muchas empresas recibieron también dinero del ICO por la pandemia de la Covid-19 y luego han desaparecido y nadie les reclama nada, pero sí se les exige a las personas físicas después de 40 años por una desgracia", denuncia.

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