Dos empresas se querellan contra el alcalde y la secretaria de Corbera por exigirles dinero

Las empresas valencianas Áridos Romafe y Canteras y Áridos Llauri han anunciado mediante un comunicado que han presentado una querella criminal contra el alcalde de Corbera, Jordi Xavier Vicedo (Compromís) y la secretaria municipal del Ayuntamiento, Soledad C. Martínez, por un presunto delito de fraudes y exacciones ilegales. La querella ha sido presentada en el juzgado de instrucción de Sueca.

Desde Áridos Romafe, S.L. recordaron que son la empresa titular de los derechos mineros y la que obtuvo las licencias municipales para la explotación minera. Canteras y Áridos Llaurí, S.L. es la empresa arrendataria de aquellos derechos mineros y la que realmente realiza la actividad extractiva. Los hechos que motivan dicha querella son, según la versión de las empresas, «la exigencia del alcalde (y el cobro por parte de la secretaria) a ambas empresas, de cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, materiales y horas de maquinaria, a cambio de que se le prorrogase la licencia municipal a la explotación minera».

Desde las empresas recordaron que la cantera de la empresa, denominada Girtal, «se explota desde 1986, con la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. Con fecha 29 de julio de 2004, el Ayuntamiento de Corbera concedió licencia de obras inicial, por ocho años, a la explotación minera. Por resolución de Alcaldía el 13 de octubre de 2014 se concede nueva licencia de obras a Áridos Romafe por parte del denunciado, el alcalde del Ayuntamiento de Corbera, hasta abril del año 2015, para proseguir con los trabajos de restauración, ante la imposibilidad de concluir dichos trabajos en el plazo proyectado, dada la conocida situación de crisis económica, que desde el año 2007 venía sufriendo España».

Con fecha 5 de noviembre de 2015, y por los mismos motivos de contexto económico que concurrían en años anteriores, se dicta nueva Resolución por parte del denunciado, concediendo nueva licencia de obra a Áridos Romafe para continuar con los trabajos de la cantera Girtal, hasta septiembre de 2017.

Las prestaciones realizadas por la empresa a favor del Ayuntamiento de Corbera desde 2015 a 2017, según la compañía, «ascienden a más de 250.000 euros, entre dinero en efectivo, materiales y horas de maquinaria. Una vez que no hubo acuerdo sobre las cantidades que pedía el ayuntamiento, para una nueva prórroga de la licencia, por el alcalde se dictó orden de paralización y precinto de la actividad minera. Esa iniciativa supone la destrucción de más de veinte puestos de trabajo», afirmaron desde la compañía.

Ambas empresas afirmaron que han enviado la querella a diversas asociaciones empresariales, como es el caso de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana, y ya están analizando el documento para estudiar si actúan en la misma línea.

El alcalde de Corbera, Xavier Vicedo, recordó que el objetivo de su gobierno siempre ha sido «restaurar y cerrar» la cantera. Sobre la querella, afirmó que «si quieren dejar caer o insinuar que hemos podido apropiarnos de alguna cantidad de dinero, estamos muy tranquilos».

El primer edil recordó que les dieron dos prórrogas, de dos y un año y medio respectivamente, a la empresa para que restaurara sendos espacios acotados. Vicedo afirmó que la primera vez sí cumplieron lo pactado pero no así en la segunda ocasión. El alcalde se mostró comprensivo ante los argumentos de la crisis económica y recordó que el Ayuntamiento ha demostrado voluntad de negociación.

«Pero ante esto no podíamos permanecer pasivos. Si no han cumplido, a partir de ese momento queríamos una garantía seria en forma de aval. Además, se le dice que si quiere la correspondiente licencia ha de presentar un proyecto, algo que no hace y tiene informes en contra», señaló Vicedo.

Por tanto, continuó explicando a LAS PROVINCIAS la máxima autoridad municipal, si una empresa no cuenta con la correspondiente licencia, se debe paralizar la actividad, cosa que el Ayuntamiento realizó.

Vicedo acusó al gerente de la empresa de realizar amenazas a la secretaria y recordó que el Ayuntamiento ya ha abierto el correspondiente expediente que derivará en la interposición de una multa.

Asimismo, y respecto al canon de 60.000 euros anuales, «que es algo que figura en la licencia, nosotros estábamos dispuestos a negociar porque el objetivo número uno no era lo económico sino que nosotros queríamos, insisto, restaurar y cerrar de una vez».

De este modo, desde el Consistorio, según el alcalde, estaban dispuestos a aceptar una rebaja de esta cantidad del canon a cambio de material o uso de maquinaria de la empresa para hacer algún tipo de trabajo en el municipio como el arreglo de algún camino.