Frente común de los pueblos de la Costera contra el parque fotovoltaico de Almansa

«Es una salvajada. Nos van a invadir territorio porque alguien ha decidido que la energía tiene que transportarse 35 kilómetros desde el lugar donde se produce». Así de tajante se muestra la alcaldesa de Vallada Mª José Tortosa en relación al proyecto del parque solar de Almansa.

De hecho, los cuatros municipios de la Costera por lo que transcurre el trazado de la línea de alta tensión afectados han decidido unirse y hacer un frente común contra el proyecto tal y como lo plantea la empresa.

El primer paso que han dado todos los consistorios es el informe negativo de compatibilidad urbanística. En el caso de la alcaldesa de Vallada ha sido ella misma quien se lo ha transmitido a la empresa en la reunión que mantenía hace unos días con sus representantes. Tortosa solicitó una reunión inmediata con la solicitante tras conocer, también a través del Boletín Oficial del Estado, el proyecto.

«Atraviesa infraestructuras y terrenos que van en contra de nuestro Plan General. Pasa por todo el cauce del río y de ninguna de las maneras lo vamos a permitir. Así se lo trasmití a los responsables de la empresa: que ese trazado no es viable», asegura la primera edil de Vallada.

Los consistorios quieren consensuar las argumentaciones para oponerse y algo que tienen claro es que exigirán un trazado alternativo, si es que finalmente continúa adelante el proyecto. Cabe recordar que afectarían a 360 parcelas y se prevén más de un centenar de torres de alta tensión, además de la instalación aérea de la línea eléctrica.

También en lo que respecta a la normativa urbanística particular de cada uno de los términos municipales. En el de La Font de la Figuera, de momento, las Normas Subsidiarias, a falta del último paso en la tramitación de su PGOU que, según explica el alcalde, Vicent Muñoz, prohibe expresamente las instalaciones aéreas de líneas de alta tensión.

«La respuesta que le hemos dado a la empresa argumentando el ‘no’ a la solicitud de compatibilidad es que el trazado transcurre por zonas de especial protección y uso no permitido según las actuales normas subsidiarias y que el Plan General que se aprobará en breve prohíbe este tipo de instalaciones», explica Muñoz.

De hecho, los ayuntamientos tienen sobre la mesa otra solicitud, en este caso de impacto ambiental, que también será negativa, según ha adelantado

Pero lo más importante es que los alcaldes no están solos. Los vecinos de Moixent ya se han movilizado y en los otros tres municipios quieren esperar a ver el resultado de las alegaciones para, en caso de ser rechazas, comenzar otro tipo de acciones en las que la sociedad civil tendrá un papel fundamental.