Ayuntamieto de la Granja de la Costera. B.G.

El PSPV de la Granja de la Costera denuncia que el alcalde ha puesto un sueldo público a su mujer

El primer edil defiende la legalidad de la decisión al tratarse de una concejala más que percibirá algo más de 300 euros por su dedicación

B. González

La Granja de la Costera

Jueves, 26 de diciembre 2024, 17:06

El Grupo Socialista de Granja de la Costera denuncia que el alcalde del PP, José Miguel Marín, «ha puesto un sueldo público a su mujer». En el último pleno se acordó, con los votos de los concejales del PP, asignar un sueldo a la concejala, Francisca Tolosa, que es esposa del alcalde.

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Los socialistas consideran que este acuerdo «va en contra de los principios y valores de cualquier democracia» y «un acto de despotismo del alcalde y del Partido Popular que desde la oposición no podemos consentir de ninguna manera», ha afirmado el portavoz socialista, Batiste García.

Es por ello que García ha interpuesto un recurso para que se declare la nulidad del acuerdo adoptado en el pleno del 20 de diciembre en el que se aprobó esta asignación económica.

Además, el portavoz socialista denuncia que el alcalde debería haberse abstenido en la votación al tratarse de su cónyuge. «Existe un claro conflicto de intereses por tratarse de su propia mujer y una clara vulneración del deber de abstención del Régimen Jurídico del Sector Público y también atenta contra el principio de imparcialidad que rige la actuación de las Administraciones Públicas».

Una concejala más

Por su parte, el alcalde, José Miguel Marín, defiende la legalidad del acuerdo. «Hemos preguntado al respecto y en este caso no hay conflicto de intereses al tratarse de una persona miembro de la corporación municipal y del equipo de gobierno local».

El primer edil explica que Francisca cobrará por su dedicación y trabajo en el Ayuntamiento, el equivalente a tres horas diarias, «cuando realmente dedica muchas más». En concreto percibirá 334 euros netos al mes, algo que Marín considera «justo» por el trabajo que realiza.

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Entiende que el grupo de la oposición se tenga que «agarrar» a algo y está en su derecho de recurrir e incluso llegar al contencioso-administrativo si lo cree conveniente, pero insiste en que el acuerdo es legal.

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