Alzira invierte 40.000 euros en retirar el asfalto de un camino por orden judicial

El Ayuntamiento de Alzira ha procedido a retirar completamente el asfalto del camino de la Casella para cumplir con una sentencia en contra promovida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ. El alcalde de la ciudad, Diego Gómez, junto al concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Transición Ecológica, Pep Carreres, han visitado el camino donde ya han finalizado las obras que han dejado la vía completamente de tierra.

Esta actuación supone un coste de más de 40.000 euros para el consistorio, como consecuencia de una imposición judicial. “Como Ayuntamiento no podemos hacer más que dar cumplimiento a una resolución judicial que nos obliga a devolver la situación del camino a su estado original. El acondicionamiento que se llevó a cabo no cumplía con los requisitos y además el ayuntamiento no tiene competencia para actuar”, ha explicado Gómez.

La resolución judicial imponía al Consistorio la retirada del asfalto que en 2006 colocó en este camino para facilitar el acceso a los propietarios. Según el ente hídrico CHJ, el camino sólo se podría acondicionar reciclando materiales propios del barranco, y así lo ha llevado a cabo el Consistorio para mejorar el acceso del vecindario que tiene parcelas, campos e incluso casas en la zona.

Se trata de un camino que se puede ver afectado de nuevo por las lluvias y por tanto se posible una nueva intervención y además es necesario continuar trabajando en alternativas de acceso. Esto es lo que reclaman los vecinos de la zona que critican que al transcurrir por un barranco durante las lluvias la vía es impracticable.

El Ayuntamiento de Alzira se reunió con los vecinos afectados a principio del mes pasado, puesto que se mostraban contrarios a las obras. Se explicaron cuáles serían las alternativas viables y se trató la posibilidad de acceso por la parte del camino de la Solana de forma que se conectara este camino con el de abajo. La construcción de un nuevo camino, como propone la CHJ, implicaría que lo financiaran otros administraciones, puesto que el consistorio sólo podría asumir las expropiaciones.

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