m. garcía / a. talavera
Jueves, 21 de octubre 2021
Casi cuatro décadas han pasado desde que la presa de Tous se rompió y destrozó todo a su paso en muchos municipios de la Ribera. ... Un hecho trágico difícil de olvidar para todos los que lo vivieron pero más doloroso todavía para las 67 personas que se han visto envueltas ahora en un proceso judicial por los créditos ICO que se solicitaron a principios de los 80. Una deuda que todos ellos creían que estaba condonada ya que esto fue lo que anunció el Gobierno central en 2008. Sin embargo, ahora son las entidades financieras responsables de estos productos, a través de bufetes de abogados, la que han iniciado un proceso judicial contra los afectados o sus herederos reclamando tanto el capital como los intereses de todos estos años.
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«Hay buitres que intentan hacer negocio con el dolor de la herencia de la 'pantanada'», lamenta el alcalde de Alzira, Diego Gómez, que está mediando con la Delegación del Gobierno para que interceda y ponga fin a esta pesadilla sin fin para las familias afectadas.
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El Gobierno sigue reclamando los créditos de la 'pantanada'
Por el momento, se ha puesto en contacto a los abogados de estas personas con la administración central para que se encuentre una solución porque aunque los expertos señalan que en primera instancia los afectados pueden ganar el proceso, se complica cuando el caso llega a la Audiencia Provincial.
Además, ahora los damnificados están solos ya que las asociaciones que se crearon en su momento se han disuelto y la batalla judicial ya es individual. «Hay amigos míos, a los que veo cómo les están embargando sus casas, y eso es tan injusto», comenta con tristeza Xavier Sierra, el que fuera durante décadas presidente de la asociación Afiva.
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La duración del pleito, uno de los más largos de la historia de la democracia española, es el principal problema, en opinión de Sierra: «Dura tanto porque la propia administración quiere y mientras, la gente está desesperada«.
Tras unos decretos que definió como «decretos trampa», lamenta que aún haya vecinos con situaciones complicadas, a quienes se les adeudan cantidades que en algunos casos llegan a los 30.000 euros por los préstamos solicitados.
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Situaciones que se dan 40 años después y por sorpresa porque todas estas personas creían que el problema ya estaba solucionado. «Estas cantidades para el Gobierno son ridículas, además fue el Estado el que fue condenado y debería pagar, no las víctimas», añade Benjamín Lafarga, el que fuera presidente de otra de las asociaciones de afectados, Aspertous.
Todos coinciden en que la solución pasa por un acuerdo político. «Es momento de cerrar el tema de forma definitiva y hay que ser exigentes para conseguirlo», asegura el alcalde de Alzira que espera que la predisposición de la Delegación del Gobierno dé sus frutos.
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Fin de las plataformas ciudadanas
Durante la década de los 90 y 2000 surgieron diversas asociaciones que aglutinaron a los centenares de afectados por la 'pantanada' tanto para reclamar las ayudas prometidas como para evitar el pago de las deudas. Sin embargo, la progresiva resolución de los conflictos provocó que estas plataformas se disolvieran.
En el caso de las más conocidas, Afiva y Apemeda cerraron sus puertas en 2010 mientras que Aspertous cesó su actividad en 2019 cuando el 99% de sus socios consiguieron sus reclamaciones y no recibieron nuevas notificaciones.
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La asociación de vecinos de Carcaixent dirigida por Salvador Calatayud se disolvió «al haberse atendido el 100% de nuestras peticiones, con lo que no tenía ningún sentido que siguiéramos adelante como colectivo», recordó Calatayud, quien destacó que ya llevan más de una década en esta situación después de haber sufrido mucho hasta que consiguieron sus objetivos.
Algunas asociaciones lamentan «no haber entrado en política»
«Estoy convencido de que en su momento hubiéramos podido ganar las alcaldías de Alzira o de Carcaixent. Y ese hubiera sido el camino. Para enfrentarte con la administración y vencerla hay que estar dentro. Ese fue nuestro error. No haber politizado el tema». Xavier Sierra lleva literalmente más de media vida unido al caso Tous. Y sabe que lo seguirá estando en los años que le queden de existencia. Es algo que va a estar ligado por siempre a él. Con 31 años, cuando ocurrió la rotura de la presa de Tous, era «un joven que tenía ganas de luchar». Hoy, a sus 70, «no tengo ganas de sacar la pistola metafóricamente hablando», explica.
Aunque se echó a un lado hace dos décadas como máximo responsable de la asociación de damnificados Afiva sin que nadie tomara su relevo, aún hoy «no estoy tranquilo. Me vienen a mí todos los marrones, y como me sabe mal...».
«La democracia me ha defraudado. Es una democracia adulterada. Estoy muy decepcionado porque este país no se merece esto», reflexiona.
Los sucesivos cambios de gobierno a todos los niveles provocaron también, en opinión de Sierra, que quienes entraran nuevos en los despachos «se quitaran el muerto de encima y no quisieran saber nada», en un eterno movimiento de dilación que provoca que el próximo 20 de octubre se vayan a cumplir 40 años de la tragedia que asoló a la Ribera sin que el caso pueda darse por finiquitado por lo que respecta a algunos afectados que vieron cómo el agua se lo llevó todo.
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