Exfuncionarios desvelan presiones por parte de la Conselleria de Industria para reducir los límites de una cantera

Los propietarios de la cantera Girtal, Áridos Romafe, y el Ayuntamiento de Corbera mantienen una lucha judicial desde el año 2017 cuando el Consistorio denegó la autorización para prorrogar los trabajos de restauración tras décadas de labores en la explotación. Uno de los pleitos abiertos busca dirimir si la empresa realizó tareas en los años 2016, 2017 y 2018 fuera del perímetro autorizado y si los planes de labores de esos años eran o no conformes con la autorización del derecho minero. Un litigio que se está juzgando en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y que está pendiente de sentencia.

En este procedimiento ya han testificado dos extrabajadores de minas del Servicio Territorial de Valencia que han revelado que a partir de 2017 sufrieron presiones de la dirección general de Energía y Minas, que depende de la Conselleria de Industria, para modificar su criterio sobre el límite autorizado en esta explotación minera.

"Había presiones tremendas porque un director no toma cartas en este tipo de asuntos. A mí esto me ha pasado tres veces, otra que está también en los tribunales. Cuando se está trabajando con cosas ya aprobadas, ahora viene alguien y empieza a mal meter y empieza a interpretar y a querer imponer un criterio distinto del que se ha venido haciendo", explicó T. G. ante la juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ.

Las presuntas presiones comienzan, según los testigos, a raíz de las reuniones entre el alcalde de Corbera de aquel momento, Jordi Vicedo, y la Conselleria de Industria ambas instituciones dirigidas por Compromís.

Durante su declaración como testigo de parte, el exfuncionario de minas reitera que según su criterio "estaba todo correcto" respecto a que se estaba trabajando dentro de las parcelas autorizadas de forma histórica pese a que hubo cambios en la forma de delimitar el espacio.

Y es que este terreno ubicada en Corbera comenzó a explotarse en los años 80 y la superficie autorizada se detalló en un número de parcelas. En los 90 se amplió el espacio con dos nuevas parcelas y en 2005 se designaron 13 puntos dentro de la explotación.

En la misma línea ha declarado ante la juez otro de los funcionarios del servicio de Minas de Valencia que ha señalado como "límite real" el parcelario. En cuanto a las presiones de los superiores recuerda que realizó al menos cuatro visitas a la cantera para comprobar el perímetro autorizado, unas visitas que hasta ese momento no se habían llevado a cabo pese a estar muchos años años al cargo de la sección.

"Se estuvo interviniendo de una manera abrumadora, correos por aquí, llamadas, ahora vienen los de la dirección general al servicio territorial, vamos a buscar, vinieron del servicio territorial a revisar los expedientes, se los mandamos, tuvimos que escanear todo para que lo miraran. Hubo mucha movida", detalla este testigo que incluso asegura que tuvo que iniciar el expediente sancionador contra la empresa pese a considerar que no se estaba trabajando fuera del límite marcado porque "yo no estaba en condiciones de ir contra mi propia conselleria”.

Este exfuncionario declaró además ante el tribunal que debido al caso de la cantera Girtal tuvo que cambiar de destino dentro de la administración. "Insinuaron, debes de marcharte porque como está el tema de Girtal. Yo ya sabía que tenía que irme, si no quería tener otro tipo de problemas", manifestó en sede judicial.

Además de en este litigio, la empresa responsable de la cantera y el Ayuntamiento de Corbera ya se han visto las caras en los juzgados ya que Áridos Romafe demandó al exalcalde de la localidad, Jordi Vicedo, por prevaricación y exacciones ilegales. Un proceso en el que en primera instancia se ha absuelto al exalcalde pero que todavía no tiene sentencia firme al haber recurrido la resolución la acusación y la Fiscalía.

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