La justicia anula el expediente disciplinario contra la extesorera de Algemesí

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha estimado el recurso de la extesorera del Ayuntamiento de Algemesí, Cristina Serrano, contra la resolución dictada por el director general de Administración Local. Esta resolución de la Generalitat servía para abrir expediente disciplinario contra ella y suponía una sanción de 20 días de empleo y sueldo.

La sentencia da la razón a las reclamaciones de esta funcionaria y anula este expediente que fue iniciado por el Consistorio de Algemesí en 2018 y luego pasó a la Dirección General de Administración Local de la Comunitat al tratarse de un puesto con habilitación de carácter estatal. Tras esta resolución judicial se condena a costas a la administración autonómica.

Cabe recordar que este procedimiento comenzó porque el Ayuntamiento de Algemesí acusaba a Serrano, en aquel momento era la tesorera municipal, de falsificar un documento para justificar una ausencia laboral, de usar su puesto de trabajo para efectuar otras funciones que incluso podrían ser incompatibles con su labor y de incumplir «de forma considerable» el horario laboral y el cómputo total de la jornada laboral.

La sentencia, que todavía no es firme, determina que el expediente había caducado cuando se notificó a la perjudicada el 15 de agosto de 2021. La Administración ha alegado que se habían producido suspensiones y dilaciones imputables a la inculpada pero la sentencia resuelve que sumando estos nuevos plazos se tendría que haber notificado el 16 de julio de 2021, fecha a partir de la cual se da el expediente por caduco.

Por otra parte, la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo también entra en el fondo del caso y recuerda que el Ayuntamiento de Algemesí infringió varios artículos de la Ley de Protección de Datos (LOPD) cuando accedió al ordenador de la tesorera para comprobar los incumplimientos de los que la acusaba. Así lo determinó ya la Agencia Española de Protección de Datos en 2020 que señaló que en este caso se había incumplido el artículo 6,1, "el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa" y el artículo 9 que trata sobre el registro de datos de carácter personal en ficheros.

Por tanto, la nueva resolución judicial subraya que la prueba practicada por el Ayuntamiento de Algemesí no podía servir de prueba de cargo en el expediente disciplinario al haber sido declarada ilícita "por haber vulnerado la intimidad de la demandante".

Cristina Suñer siempre ha defendido su inocencia y ha aportado pruebas para demostrar que no había realizado otras funciones en su puesto de trabajo. Además, ha apuntado a que este procedimiento se inició como represalía por haber sido en el pasado alto cargo del Partido Popular cuando éste gobernaba la Generalitat y al estar dirigido el consistorio algemesinense por el PSPV.

Tras cambiar de destino y ocupar otros puestos en diferentes municipios, la dirección general de la Administración Pública envió el expediente a los responsables municipales para que lo ejecutaran aunque todavía no era definitivo.

La extesorera de Algemesí se plantea ahora solicitar responsabilidad patrimonial por manchar su imagen como funcionaria durante estos últimos cuatro años en los que recuerda que ha vivido un calvario.

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