La CHJ presentará en junio un nuevo estudio contra las riadas en Alzira

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dará prioridad al estudio de la ampliación del barranco de la Casella. Así se ha comprometido la entidad estatal con el Ayuntamiento de Alzira en la última reunión mantenida. Una promesa que surge a raíz de la presión vecinal que se plasmó en el acuerdo unánime del pleno extraordinario del pasado lunes.

Un compromiso que desde el consistorio no quieren que se quede en papel mojado como en muchas otras ocasiones y por ello ya se ha anunciado que será el día 9 de junio, cuando la Confederación y la delegación del Gobierno presenten este estudio sobre las soluciones contra inundaciones, en el que se explica también la priorización de las obras en el Barranco de la Casella y Barxeta, principales puntos de la ciudad donde se acumula el agua.

"La presentación de este estudio supone un punto de inflexión definitivo para que se ejecuten estas obras que protegen la ciudad de inundaciones", ha explicado el alcalde de Alzira, Diego Gómez.

La Confederación presentará en Alzira el acuerdo del Ministerio relativo a los estudios de la Cuenca del Júcar para evitar las inundaciones entre Alzira y Carcaixent. Con estos estudios se espera ahora arrancar el compromiso de financiarlos para que se conviertan en una realidad.

La reunión a tres bandas, entre Ayuntamiento, delegación del Gobierno y Confederación se ha centrado en la urgente necesidad de llevar a cabo el ensanchamiento del barranco de la Casella que no es capaz de asumir el agua que le llega de otros cauces. Una iniciativa que no es nueva y que se ha contemplado en diferentes proyectos a lo largo de dos décadas sin materializarse.

Debido a la falta de actuaciones, la federación de asociaciones de vecinos presentó un documento en el Ayuntamiento para solicitar que todos los grupos políticos se unan para luchar y acabar con este gran problema que afecta a la ciudad.

Otro tema que se ha tratado en la reunión ha sido la petición de archivo de las reclamaciones de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la pantanada de 1982. El alcalde ha entregado documentación para que la delegación del Gobierno la estudie para dar una solución a las personas afectadas.

"Hablamos de cerca de 200 recursos pendientes. Pedimos que se actúe políticamente para intentar paralizar estos recursos, que después de 40 años afectan a los herederos de las víctimas de la pantanada", ha añadido Diego Gómez. Éste es uno de los capítulos pendientes del trágico suceso que marcó a la Ribera y del que se cumplirán 40 años.