Facturas de luz de 55.000 euros ahogan aún más a los agricultores valencianos

La subida de la luz está asfixiando a las familias pero también a un sector agrícola valenciano muy mermado por la crisis de precios que arrastra desde hace años. La puesta en marcha por parte del Gobierno de España del tope del gas en la factura eléctrica ha supuesto que se disparen los gastos de las entidades de riego que necesitan la energía eléctrica para bombear las aguas subterráneas o superficiales hasta las explotaciones agrarias.

Un ejemplo llamativo es el de la comunidad de regantes Serra y Pl de Alfarp que cubre una extensión de 300 hectáreas de cítricos, caquis, frutales e invernaderos. Su última factura correspondiente al mes de julio ha llegado a cifras escandalosas al ascender a 55.902 euros, de los cuales 22.074 euros más IVA corresponden al tope al gas.

Un 40% del total del recibo es para pagar el tope de gas, una medida impuesta desde el mes de junio por el Gobierno que tiene como objetivo reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Pero tiene un coste para todos los usuarios ya que compensan a las plantas generadoras de gas repercutiéndolo en las facturas.

«Esta cantidad es inasumible. El incremento de los costes está creciendo de forma muy rápida y la rentabilidad del campo cada vez es menor», lamenta el presidente de esta comunidad de Alfarp, Antonio Conchell.

La tarifa eléctrica que ha abonado la comunidad de riego de Alfarp multiplica por 4,6 el importe de hace un año, cuando el coste fue de 12.105 euros. En otras palabras, implica un aumento interanual del 460%. Y eso a pesar de que el consumo de energía ha sido menor en julio de 2022 (142.275 kWh) que en el mismo periodo del año pasado (169.431 kWh).

AVA-Asaja alerta de que «los costes en el sector agrario se han vuelto prohibitivos, entre la subida de la energía eléctrica y el atraco añadido del tope al gas», entre el encarecimiento sin precedentes del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de los fitosanitarios, por no hablar de cualquier compra de maquinaria o la puesta en marcha de obras de reparación o modernización de las explotaciones. Pero, a diferencia del resto de eslabones de la cadena alimentaria, los agricultores y ganaderos no pueden repercutir estos gastos en los precios mínimos que reciben.

Tanto es así que, según la Asociación Valenciana de Agricultores, «muchos regantes ya están avisando de que, si en la próxima cosecha los precios no compensan los costes, se darán de baja de las entidades de riego, con lo que los gastos de la comunidad se tendrán que repartir entre menos miembros» y se aumentará el abandono de cultivos.

La situación esta próxima campaña de la fruta es muy delicada ya que si el año pasado sufrieron la caída de precios en esta ocasión las inclemencias meteorológicas van a provocar un descenso importante de la producción y por tanto de los ingresos. «Los agricultores profesionales aguantan perdiendo dinero pero los que están a tiempo parcial lo van a dejar. Si el campo se abandona es un desastre porque son muchas las personas que dependen de este sector», recuerda Conchell que hay miles de personas empleadas en cooperativas, como recolectores o en otros oficios relacionados.

AVA-Asaja exige al Gobierno medidas urgentes como retirar el tope al gas al sector agrario, poner en marcha la posibilidad de establecer la doble tarifa eléctrica, reimplantar la tarifa especial de riego –suprimida en 2008–, bajar impuestos como el IVA a la electricidad, así como soluciones reguladas en los precios a la hora de efectuar renovaciones de contratos con las comercializadoras.

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