1.200 euros de multas a los clientes de un bar de Gandia y los acusados niegan los hechos y exigen pruebas

Un día de verano cualquiera, en un local de la playa de Gandia donde familias y pequeños se reúnen para pasar una jornada de fraternidad, no podía haber acabado peor. Eran los primeros días de junio de 2022 y en el local, a mediodía, actuaba un dúo flamenco tras la celebración de la Feria de Abril. Hasta ahí bien. La gente disfrutaba y la música no estaba alta.

Pero, ante la sorpresa de todos, entró en el local una patrulla de la Policía Local a clausurar la actuación. «Se han quejado algunos vecinos y esto se acaba», afirman los presentes que dijeron los policías. Nadie entendía nada y fueron muchos los comensales que protestaron. Pero dos de ellos se acercaron a los municipales para interesarse por lo que estaba pasando.

El primero que preguntó, por ejemplo, fue un hombre al extrañarse que los agentes entraran a clausurar la actuación sin medir el sonido. Ante esto, el vecino que preguntó qué estaba pasando salió mal parado. «Pidió la explicación, saber qué estaba pasando y porqué se había llegado a suprimir la actuación, que era dentro del local», han indicado fuentes presenciales.

Pero ante el interés del hombre, decidieron identificarlo y sancionarlo con una multa, que meses más tarde ha ratificado Delegación de Gobierno. El vecino sólo quería saber cuál era el problema y si se podía solventar de alguna manera, «pero ellos ya sabían a lo que iban».

Los hechos tuvieron lugar en un local de hostelería de la Playa de Gandia, en el paseo Rosa dels Vents. Al ver que se identificaba al hombre y se le trataba prácticamente «como a un detenido», su esposa se acercó para ver qué pasaba. «Pregunté en base a qué se cancelaba aquella actuación y el número de placa de los agentes», ha precisado. Esto no debió sentarles bien porque por esas cuestiones también identificaron a la señora y le tramitaron otra sanción.

Es más, se les llegó a acusar, según los denunciados, de actos vandálicos como quemar contenedores, neumáticos y causar daños en la vía publica. «De todo esto no hay pruebas, ni atestados de Policía ni presencia de bomberos, van a por las personas que protestamos ese día, lo tenemos muy claro».

Por tanto, las sanciones al matrimonio ascienden a 1.200 euros, pero pueden enfrentarse hasta a pagos de 30.000 euros por actos vandálicos que dicen que hicieron y de los que no hay prueba ninguna. Ahora, el abogado de esta pareja está elaborando los recursos necesarios para rebatir estos argumentos que consideran «totalmente falsos».

Es más, los afectados se han puesto ya en contacto con una concejala del Ayuntamiento de Gandia para explicar el tema y ver qué se puede hacer al respecto, sobre todo ajustarse a la verdad y a los hechos que ocurrieron en aquel restaurante. El matrimonio tiene «verdadero miedo» de que les llegue una condena de 30.000 euros por algo que no han hecho y están dispuestos a acampar frente al Ayuntamiento hasta que se haga justicia.

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