La Audiencia ordena reabrir la causa contra Boix y Orengo

La Audiencia de Valencia ha estimado un recurso del Ayuntamiento de Gandia y ha ordenado reabrir la causa que investiga el destino de una ayuda pública concedida al consistorio para la construcción del centro Innova.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, presentó una denuncia contra el exconcejal Alfred Boix por el supuesto pago, bajo mandato socialista de José Manuel Orengo, de 3,4 millones de euros a la empresa pública IPG para que redactara el proyecto del Edificio Innova, construirlo y equiparlo, cosa que no se produjo.

La sección quinta de la Audiencia ha acordado seguir el procedimiento y revocar el auto dictado en diciembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, que no admitió la querella del Ayuntamiento por los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación y prevaricación.

Según el auto de la Audiencia hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la resolución del juzgado es "precipitada", máxime cuando el propio auto refleja la gravedad de los hechos que "sin duda" merecen una "mínima labor instructora".

Con ella se pretende averiguar y comprobar el destino efectivo de la ayuda pública concedida al Ayuntamiento por el Ministerio de Industria, por importe de 5,12 millones de euros, para la ejecución y construcción del edificio Innova, que quedó paralizada.

Además se deben aclarar los términos del encargo realizado a la sociedad municipal IPG para la realización del proyecto y la posterior ejecución de las obras, las cantidades entregadas para tal fin y el importe de la obra efectivamente realizada.

Por decreto de Alcaldía, en mayo de 2010 se ordenó pagar a IPG tres millones en dos cantidades para la ejecución del proyecto, y ese mismo mes se contrató la ejecución de la obra con Clásica Urbana por 3,5 millones.

La suma de ambas era 6,56 millones, una cantidad superior al importe de la ayuda pública concedida, según el auto.

Añade que la empresa IPG no abonó a la constructora el importe de siete certificaciones mensuales de obra por una cantidad acumulada de 1,4 millones, que pagó el Ayuntamiento -"es decir la ciudadanía", precisa- en el año 2012, tras la paralización de las obras y con un resultado final del 40 % de la obra ejecutada.

La Audiencia señala que la efectividad de la tutela judicial y la protección del erario público exigen del juzgado "una mínima labor instructora", que en este caso debe comenzar con la ratificación y declaración del querellante para concretar su querella e individualizar los hechos que atribuye a los querellados.

Practicadas las diligencias de investigación, el juzgado instructor decidirá nuevamente "con libertad de criterio" sobre la continuación o no de la causa.