Zoa Sanz
Lunes, 15 de junio 2015, 13:38
La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha impedido el acceso a los trabajadores y a dirigentes del PP a las dependencias de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) para, según afirman desde el gobierno, evitar que se destruya información sensible. El nuevo ejecutivo dio la orden al finalizar el pleno de investidura que durante todo el fin de semana, tanto el ayuntamiento como IPG permanecieran cerrados.
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El conflicto se ha producido a primera hora de la mañana de hoy, cuando los empleados han intentado acceder a su puesto de trabajo de la mercantil pública, pero la Policía Local se lo ha negado. El exalcalde popular Arturo Torró denunció esta situación y aseguró que se había instalado el chavismo en Gandia. Alrededor de las 11.30 horas acudió un notario para que certificara que realmente no se les había dejado entrar. CC.OO también lamentó estos hechos porque señaló que no había ningún documento que lo ordenara sino que simplemente era una manifestación verbal de la nueva alcaldesa. Desde el PSPV y Més Gandia indicaron que se había tomado esta decisión porque no es normal que haya habido personas que hayan intentado entrar a las tres de la mañana al ayuntamiento o a las seis a IPG. No queremos que ningún documento salga del consistorio y de IPG, concluyeron.
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