Gandia estudia cerrar «de inmediato» Wonderwall o esperar a las alegaciones

El gobierno de Gandia tiene claro que hay que cerrar Wonderwall Music Resort. El establecimiento de ocio de la playa tiene los días contados, pero falta saber cuándo se va a ordenar el cese de la actividad. Los portavoces del ejecutivo, el socialista José Manuel Prieto, y la nacionalista de Més Gandia, Lorena Milvaques, consideran que este complejo no debe estar abierto, en cumplimiento de la resolución emitida por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Infraestructuras por una «irregularidad urbanística».

Se trataría del cese de la actividad de ambientación musical y animación porque la empresa «carece de licencia de actividad», pero no del alojamiento hotelero.

El ejecutivo local está estudiando con los servicios jurídicos si retrasar el cierre un mes, hasta la presentación de las alegaciones de la mercantil, u ordenarlo de manera inmediata. En los próximos días setomará una decisión en firme.

Las autoridades recordaron que la resolución la emitió la exconsellera popular de Infraestructuras Isabel Bonig en la anterior legislatura, dirigido a un gobierno en Gandia gobernado entonces también por el PP. Los portavoces también indicaron la necesidad de que «se cumpla la legalidad con todas las garantías».

Milvaques apuntó que el gobierno de PSPV y Més Gandia no está en contra de generar actividad económica pero aludió a la necesidad de hacer cumplir la ley, y en este sentido, remarcó que el cierre «tiene que ser inmediato».

La Conselleria de Infraestructuras señala en su resolución que la empresa gestora de este complejo «lleva tres años celebrando fiestas de forma irregular al no disponer de una Declaración de Interés Comunitario». Añade que una vez esta declaración sea concedida, el interesado podrá solicitar la licencia municipal al ayuntamiento.

«Irregularidad urbanística»

En concreto la resolución suspende la actividad de «ambientación musical y animación» que se realizaba desde este complejo, aunque no ha raíz de las molestias que han denunciado los vecinos de la zona, sino por una «irregularidad urbanística. Por parte de la empresa, tras la orden de suspensión de actividad, remitió este fin de semana un comunicado en el que aseguraba que no había recibido hasta el momento tal notificación y en cualquier caso anunciaba que recurriría dicha resolución del gobierno autonómico.

La mercantil también señaló que cualquier resolución administrativa que pudiera haberse adoptado «estaría sujeta a la legalidad y el marco de garantías legales procesales», dado que dicha resolución es recurrible en el plazo de un mes, lo que supone que en ningún caso podrá ejecutarse medida de cierre alguna hasta en tanto no se agote la vía de recursos legalmente prevista».

En el comunicado, la empresa aseguró que «siempre ha operado dentro del marco de la legalidad vigente, acatando todos y cada uno de los requerimientos que se nos han realizado y siendo pioneros en la adopción de medidas de control acústico y respeto al medio ambiente».