El caso Tele 7 salpica a miembros del PP y a exdirectivos de la emisora

El caso Tele 7 va a más. La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia salpica ahora a más miembros del Partido Popular, a exdirectivos de la emisora, vinculados a la formación, e incluso a un funcionario de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG).

Este juzgado estudia la posible ilegalidad de las ayudas que el anterior gobierno, del Partido Popular, entregó a Tele 7 a principios de la pasada legislatura. La concesión fue de 1,7 millones. Este caso ya ha llevado al exalcalde Arturo Torró a declarar como investigado, figura que sustituyó a la de imputado.

Pero ahora, la juez que instruye este caso amplía el número de investigados. Son seis las personas que acudirán a declarar el próximo mes de junio y que tendrán que hacerlo con un abogado, ya que están en el punto de mira judicial. Se trata de Pepe Codina y José Luis Giménez, exdirectores de Tele 7; Cristina Serrano, exasesora de Torró que elaboró y firmó el informe de adjudicación de la ayuda; el edil Toni Abad y el funcionario Juan Antonio Juárez, miembros del consejo de contratación, y Javier Reig, exvicepresidente de IPG. Estos seis nuevos investigados ya estaban dentro del caso pero como testigos.

El anterior gobierno, tras cerrar Gandia TV, abrió un concurso a principios de la pasada legislatura para que optaran aquellas televisiones que tuvieran licencia digital para emitir en la ciudad.

El objetivo era que ofrecieran contenidos de interés sobre Gandia y evitar el coste que la televisión pública iba a generar a la ciudad en esa legislatura, unos 10 millones de euros. Precisamente, esto fue lo que Torró explicó a la juez cuando compareció como investigado por primera vez para argumentar por qué impulsó estas ayudas.

La inversión prevista para las concesiones a las televisiones privadas fue de 1,7 millones de euros por emisora, que recibirían por un plazo de tres años y con posibilidad de renovación. Las beneficiarias fueron Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7) y Comarques Centrals TV (TeleSafor). Tele 7 percibió esta cantidad cuando aún no había cambiado de propietarios, ya que 2012 pasó a manos del Grupo Radio Gandia. TeleSafor percibió una parte de la cantidad, ya que pasado un tiempo dejó de ofrecer contenidos.

Ante esta situación, los socialistas Vicent Mascarell y José Manuel Orengo, decidieron acudir a los juzgados e interponer una demanda en 2013 al entender que, en el caso de Tele 7, se estaba dando una «ayuda directa a una empresa del exalcalde Arturo Torró», en 2011. Los entonces ediles del PSPV denunciaron que la mercantil que en esos momentos gestionaba Tele 7 formaba parte del entremado de empresas del exalcalde y que al frente estaba «alguna persona de su confianza».

Quien sigue como testigo es el edil y diputado Víctor Soler, que pese a firmar el pliego de las ayudas no está siendo investigado. En caso de que la juez decidiera imputar al actual líder del PP de Gandia debería remitir el caso al Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana, ya que Soler está aforado al ser diputado autonómico.