El TSJ clausura un parking de camiones ilegal en Oliva tras 16 años de quejas de los vecinos

Los vecinos del sector Canyaes de Oliva han ganado una batalla judicial tras 16 años de quejas y reclamaciones. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha clausurado un aparcamiento ilegal de camiones ubicado junto al camino de acceso a las viviendas. Esta sentencia da la razón a los residentes y acaba con el tránsito y estancionamiento constante de vehículos de gran tonelaje junto a sus viviendas.

La sentencia es de enero de 2020, pero ha sido hace sólo unos días cuando ha entrado en vigor el decreto de firmeza, que inhabilita por completo la parcela como zona de aparcamiento para camiones al incumplir las normativas urbanísticas, entre ellas el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Oliva, redactado en los años 80.

 El fallo de principios de este año es la punta del iceberg de un proceso administrativo que arrancó en 2004, con quejas de los vecinos por escrito ante el Ayuntamiento de Oliva, y que en 2016 dio el salto a los juzgados con un contencioso. Este hecho se produjo después de que el consistorio decretara el cese de las actividades en la parcela de Canyaes. Los propietarios del aparcamiento impugnaron la resolución ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Desde hace 16 años, «los residentes del sector Canyaes han mostrado su malestar con el paso constante de los vehículos de grandes dimensiones y con las molestias que generaban«, como indicó el abogado Joan Ponsoda, representante de los vecinos afectados.

Los residentes de Canyaes han denunciado en todo este tiempo el trasiego constante de camiones a «todas horas» y que, además, «había en la parcela depósitos para suministrar carburante a los vehículos, algo completamente prohibido en esta zona de la ciudad«, como remarcó el letrado de Ponsoda Bernat Abogados.

Dicen, además, «haber soportado el ruido constante de los vehículos frigoríficos muchas noches y el hedor que emanaba de otros camiones cargados fruta en mal estado«, en muchas ocasiones. En 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo da la razón, por primera vez, a los vecinos, pero los propietarios de la campa ilegal recurren la sentencia ante el TSJ, lo que vuelve a alargar el proceso.

El alto tribunal valenciano ratifica el fallo anterior en enero de este año y en septiembre entra en vigor el decreto de firmeza. Esto significa que la parcela ya no puede emplearse como aparcamiento, ya que este tipo de usos no está permitido fuera de los polígonos, según el PGOU, como precisó el letrado Ponsoda: «En una zona como Canyaes no se pueden realizar actividades del sector terciario, para eso se fijan las zonas industriales en los municipios».

Fuentes municipales indicaron que tienen constancia de que el aparcamiento ha dejado de funcionar. De hecho, existe un informe, precisaron, de un inspector de actividades que constata el cese de la entrada de vehículos en junio de este año.